Un proceso técnico y social encabezado por la asambleísta de Chimborazo Mishel Mancheno, junto a la ministra Inés Manzano, permitió este 27 de febrero, concretar la reforma al Acuerdo No. MAATE-2025-0010-A, una normativa que generaba obstáculos para el funcionamiento de las juntas de agua en la provincia de Chimborazo.
La modificación al acuerdo, emitido por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, corrige disposiciones que afectaban directamente a las comunidades y a los sistemas comunitarios de agua. Entre los principales cambios se establece el reconocimiento efectivo de las juntas de agua, se destraban trámites administrativos que permanecían paralizados y se eliminan requisitos considerados desproporcionados, los cuales impedían su regularización legal.
Este avance se construyó a través de mesas de trabajo técnicas y sociales, en las que participaron de manera directa los usuarios del sistema de agua. Durante estos encuentros, las comunidades expusieron sus necesidades, dificultades y propuestas, permitiendo que las soluciones planteadas respondan a la realidad del territorio y no a intereses ajenos a la gestión comunitaria.
Desde la Asamblea y el Ejecutivo se destacó que la reforma fortalece la gestión comunitaria del agua, un modelo clave para garantizar el acceso equitativo a este recurso, especialmente en zonas rurales. Además, se subrayó que devolver la seguridad jurídica a las juntas de agua permitirá una administración más ordenada, transparente y sostenible.
Con este proceso, desde Chimborazo se continúa una línea de acción basada en el trabajo constante y responsable junto a comunidades indígenas, agricultores y usuarios del sistema de agua, consolidando la defensa del recurso hídrico, del territorio y de los derechos ciudadanos mediante el diálogo y la construcción colectiva.
Mishel Mancheno concreta reforma clave para fortalecer a las juntas de agua
La reforma al Acuerdo No. MAATE-2025-0010-A marca un precedente en la relación entre el Estado y las comunidades rurales de Chimborazo, al corregir disposiciones que limitaban el funcionamiento de las juntas de agua y devolverles seguridad jurídica.
