Por: Lisandro Prieto Femenía
“El derecho a la independencia política no está garantizado por un acto de voluntad; es el resultado de una historia en la que se entrelazan la fuerza, la ley y la legitimidad” (Arendt, 1958, p. 17).
La irrupción de fuerzas especiales norteamericanas en Caracas para extraer a Nicolás Maduro del territorio venezolano no representó únicamente un evento de violencia política extrema, sino que activó una tensión filosófica que ha perseguido a la modernidad desde su origen: la disputa irreconciliable entre soberanía, legitimidad y el ejercicio crudo de la fuerza.
Los relatos periodísticos coinciden en describir la operación como una intervención militar estadounidense de gran escala que culminó con la detención y traslado del tirano venezolano fuera de su territorio. Ahora bien, desde la perspectiva normativa, la captura- y la consiguiente ocurrencia de golpes, explosiones y riesgo de víctimas civiles- obliga a replantear cómo pensamos la soberanía estatal en clave de responsabilidad moral y legal.
Si comprendemos la soberanía como la facultad última de decisión de un pueblo sobre su propio destino dentro de un territorio determinado, debemos también reconocer que tal condición no puede ser un cheque en blanco absoluto ni permanecer indemne a la moralidad de los gobernantes de turno. El derecho internacional moderno protege la integridad territorial y la no intervención, pero también ha ido integrando el imperativo de la responsabilidad cuando el ejercicio del poder degenera en un atropello sistemático a la dignidad humana.
En este escenario, la soberanía deja de ser una abstracción jurídica para transformarse en un problema ético que demanda replantear la responsabilidad moral frente al abuso del poder. La cuestión crítica reside, precisamente, en cómo conciliar la protección de la vida y la dignidad humana frente a la defensa de la arquitectura jurídica que sostiene a los Estados.
Considerando este contexto, emerge entonces la aporía central de la tragedia venezolana: la parálisis de la soberanía interna frente a un régimen degenerado que ha corrompido, durante décadas, los mecanismos de expresión de la voluntad popular. Nos enfrentamos a la paradoja de un pueblo que, tras años de elecciones fallidas y una resistencia cívica y militar sistemáticamente desarticulada, se halla en una imposibilidad fáctica de resolver su propio destino.
Esta “impotencia soberana” plantea un dilema perturbador: si la auto-liberación es inviable debido a la desproporción de los medios de coacción del Estado, ¿se vuelve legítima la irrupción de una fuerza superior externa para resolver aquello que, de otro modo, permanecería estancado en la opresión? Al respecto, es necesario recuperar la noción de soberanía popular que sostiene que el poder reside en el pueblo, pero surge la interrogante sobre qué ocurre cuando ese pueblo ha sido despojado de toda posibilidad de actuar políticamente…
