La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de los Estados Unidos y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos penales marca un punto de ruptura histórico en la trayectoria política de Venezuela y en las normas que sostienen el derecho internacional. Lo que se presenta como una acción de justicia contra un dirigente acusado de narcotráfico realmente es una intervención militar directa sin autorización del propio Congreso estadounidense ni de instituciones multilaterales que rigen la coexistencia pacífica entre estados soberanos.
El relato oficial desde Washington, encabezado por Trump, promueve una narrativa de “liberación” y “transición”, pero en realidad es una forma de ocupación de facto que afecta frontalmente principios elementales de soberanía y la Carta de las Naciones Unidas.
Esto abre un grave precedente: si una gran potencia puede justificar la invasión de un Estado vecino bajo el eufemismo de captura de su jefe de Estado, ¿qué país está a salvo de una operación similar en el futuro? Latinoamérica observa con inquietud la ruptura de un tabú que había resistido casi ocho décadas desde la Segunda Guerra Mundial. China, Francia, Alemania y otras potencias han expresado preocupación por lo que califican como una violación del derecho internacional que puede desestabilizar aún más un continente marcado por tensiones geopolíticas y desequilibrios económicos.
En el plano interno, Venezuela enfrenta una encrucijada que podría profundizar la fragmentación social y política. La figura de Delcy Rodríguez carece de un respaldo unánime dentro del país o de una hoja de ruta creíble para una transición democrática genuina. La oposición, representada por figuras como María Corina Machado, se encuentra dividida, perseguida o exiliada, mientras millones de venezolanos siguen emigrando y sufriendo escasez de recursos básicos.
Además, la dependencia de intereses externos, especialmente petroleros, puede convertir a Venezuela en una entelequia de la geopolítica económica global, antes que en una nación soberana que define su propio futuro. Que empresas extranjeras reinicien operaciones en los vastos campos petroleros no sustituye un proyecto político nacional.
En definitiva, el arresto de Maduro no puede celebrarse sin un examen crítico de sus implicaciones. Más allá de la caída de un líder acusado de corrupción y autoritarismo, Venezuela enfrenta una amenaza mayor: la erosión de su soberanía, el cuestionamiento de su autodeterminación y la posibilidad de que su futuro sea definido fuera de sus fronteras. El pueblo venezolano —con su sufrimiento de décadas— merece paz y progreso.
