CIUDAD
El debate en torno al fideicomiso tarifario propuesto para la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA) ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en una discusión de fondo sobre la propiedad pública, la autonomía institucional y los límites de las decisiones adoptadas desde el poder central.
La postura de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) de Chimborazo, que rechazó de manera frontal este mecanismo, reabre una vieja preocupación, hasta qué punto las soluciones financieras pueden terminar erosionando estructuras estratégicas que pertenecen, en esencia, a la ciudadanía.
La advertencia de la CNA, según su análisis, la constitución de un fideicomiso para administrar los recursos provenientes de la venta de energía eléctrica vulneraría principios básicos de la propiedad ciudadana y entraría en contradicción con disposiciones de la Ley de Compañías. En otras palabras, no se trataría de un cambio administrativo, sino de una alteración en la forma en que se gestiona y controla un patrimonio público que ha sido local y autónomo.
El tema tomó mayor visibilidad tras la Junta de Accionistas realizada el 22 de diciembre, espacio en el que se socializó el proceso de contratación del fideicomiso. La jornada fue presentada como un ejercicio de transparencia y diálogo, con la participación de accionistas, autoridades y ciudadanía. Sin embargo, más allá del formato participativo, el fondo del asunto dejó abiertas interrogantes.
La EERSA expuso públicamente los alcances del Decreto Ejecutivo N.º 32, emitido el 15 de junio de 2025, que establece la creación obligatoria de fideicomisos tarifarios en las empresas eléctricas del país. El objetivo es garantizar el pago oportuno a los generadores de energía y fortalecer la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. Un argumento que, en términos generales, resulta difícil de cuestionar. El problema surge cuando el remedio parece poner en riesgo la independencia financiera y administrativa de empresas que han sido gestionadas con recursos y decisiones locales.
El debate sobre el fideicomiso en la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. pone en evidencia una tensión que trasciende lo financiero y se instala en el terreno de lo político e institucional. Si bien la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional y el pago oportuno a los generadores es un objetivo legítimo, la forma en que se instrumentan estas medidas resulta determinante.
