SENTENCIA
Un Tribunal de Garantías Penales dictó este lunes sentencias de prisión contra 17 miembros de las Fuerzas Armadas relacionados con la desaparición forzada de cuatro menores de edad, en un caso que conmocionó al país y sacudió el debate sobre derechos humanos en Ecuador.
Los jóvenes identificados como Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina— desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, luego de ser interceptados por personal militar durante un operativo. Sus familias informaron que los menores salieron a jugar fútbol y nunca regresaron.
Dos semanas después de su desaparición, los cuerpos de los cuatro niños fueron hallados calcinados en Taura, en el cantón Naranjal, lo que intensificó el escrutinio sobre la actuación de los uniformados implicados.
El Tribunal estableció que 11 militares recibirán penas de prisión de más de 34 años y ocho meses por el delito de desaparición forzada, al considerar que actuaron fuera de las funciones propias de su servicio y que el abandono de los menores en un lugar peligroso fue determinante para su muerte.
Además, otros cinco uniformados recibieron condenas de alrededor de 30 meses por colaborar con la Fiscalía como testigos eficaces, aportando información clave sobre lo ocurrido durante el operativo. Un militar más fue declarado inocente en este primer fallo relacionado con desaparición forzada.
La sentencia se dio en el marco de un proceso iniciado tras la denuncia de los familiares de los niños y una investigación formal por parte de la Fiscalía especializada en delitos de uso ilegítimo de la fuerza. El tribunal también determinó que el abandono de los menores en una zona desolada fue una acción que, de forma directa, condujo a su muerte y calificó el hecho como desaparición forzada.
Este fallo representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las familias de las víctimas y reactiva el debate sobre el uso de fuerza por parte de elementos militares en operaciones internas, mientras que otros procesos derivados del caso incluidos aquellos que investigan el homicidio y la quema de los cuerpos continúan abiertos ante la justicia.
