El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió este 6 de marzo una resolución relacionada con la sanción política impuesta al prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda Cuvi, dentro de un proceso que también derivó en una sanción contra la exministra de Trabajo, Ivonne Núñez.
Según el organismo electoral, Núñez incurrió en una infracción electoral grave al no ejecutar oportunamente la suspensión de derechos políticos que había sido dictada previamente contra Tayupanda, quien fue sancionado por inducir al voto durante las elecciones de 2025.
El caso se originó tras una denuncia presentada por la viceprefecta de Chimborazo, Mónica Loza Torres, quien cuestionó la actuación del Ministerio del Trabajo durante la gestión de Núñez. De acuerdo con el expediente del TCE, esa cartera de Estado tenía la obligación de registrar y aplicar la sanción contra el prefecto, proceso que no se habría realizado dentro de los plazos establecidos.
Durante el análisis del caso, el tribunal revisó documentos emitidos por el Ministerio del Trabajo en los que se detectaron inconsistencias respecto a la situación administrativa de Tayupanda. Los certificados no determinaban con claridad si el prefecto tenía impedimentos para ejercer funciones públicas pese a que la sanción electoral ya estaba vigente.
El juez del TCE Patricio Maldonado concluyó que estas contradicciones afectaron la correcta ejecución de la resolución electoral y configuraron un incumplimiento de sentencia. La decisión se fundamenta en el artículo 279 del Código de la Democracia, que sanciona las infracciones electorales consideradas muy graves.
Como resultado, el TCE dispuso la suspensión de los derechos de participación política de Ivonne Núñez por tres meses y una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados, es decir, USD 14.460. Además, ordenó registrar oficialmente la sanción correspondiente.
La defensa de la exministra sostuvo que las inconsistencias detectadas se debieron a fallas del sistema informático o a errores cometidos por funcionarios subalternos. Sin embargo, el tribunal determinó que, por su jerarquía, Núñez tenía la responsabilidad de supervisar y corregir cualquier irregularidad.
