POLÍTICA
En un fallo que ha generado amplio eco en el ámbito político y judicial, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto la sanción impuesta a la asambleísta por Chimborazo, Patricia Núñez, representante de la Revolución Ciudadana (RC). El organismo determinó que las pruebas que sirvieron de base para multarla con USD 4.700 eran inconsistentes y vulneraban las garantías del debido proceso. Con esta decisión, el TCE ratificó la inocencia de la legisladora.
El fallo, emitido el 8 de octubre de 2025, pone fin a un proceso que se extendió por más de cinco meses. En su resolución, el Pleno del TCE determinó que la sentencia dictada el 15 de septiembre por el juez Joaquín Viteri Llanga debía ser anulada al comprobarse errores graves en la valoración de la evidencia presentada por el denunciante, Juan Esteban Guarderas Cisneros, exconsejero de Participación Ciudadana. Guarderas había acusado a la asambleísta de cometer una infracción electoral grave, argumentando que, a través de la red social “X” (antes Twitter), Núñez habría emitido mensajes que promovían la candidatura presidencial de Luisa González y Diego Borja, binomio de la Revolución Ciudadana.
Según su denuncia, los mensajes provenían de la cuenta @patynunezrCh. Sin embargo, durante el proceso, la legisladora chimboracense demostró que esa cuenta no le pertenecía y que su única cuenta oficial era @patynunezch, hecho corroborado mediante un informe técnico de la Asamblea Nacional y el testimonio de una perito digital en la audiencia de juicio.
El Tribunal coincidió con la defensa de Núñez al determinar que las certificaciones electrónicas y notariales presentadas por el denunciante no cumplían los requisitos legales establecidos por el Consejo de la Judicatura, al contener inconsistencias en la validación de la firma electrónica y en la autenticidad de los documentos. Se comprobó, además, que un notario “afirmó haber validado una firma electrónica inexistente”, lo que, según el dictamen, invalidó la totalidad de las pruebas. En consecuencia, también fue desestimada la pericia digital que se basaba en esos documentos carentes de validez jurídica.
El Pleno del TCE fue enfático al señalar que “las pruebas obtenidas con violación a la ley carecen de eficacia probatoria”, citando el artículo 76 de la Constitución que garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa. Con base en ello, resolvió aceptar el recurso de apelación interpuesto por la legisladora, revocar la sentencia de primera instancia y declararla inocente de toda infracción electoral, además de ordenar la publicación del fallo en el portal oficial del Tribunal.
Tras conocerse la resolución, la asambleísta Patricia Núñez, expresó que la decisión representa un triunfo de la justicia y una reivindicación frente a la persecución política. “El Tribunal Contencioso Electoral falló a mi favor, declarando mi total inocencia”, manifestó Núñez, quien agradeció el respaldo recibido por los ciudadanos de Chimborazo durante todo el proceso.
