POLÍTICA
El prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, atraviesa uno de los momentos más críticos de su administración. Una resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso la suspensión de sus derechos de participación política por tres meses, tras confirmarse una infracción electoral grave. Pero el caso, lejos de cerrarse, ha derivado en una cadena de conflictos institucionales, errores administrativos y tensiones políticas que hoy mantienen a la provincia en vilo.
El TCE, en sesión del 23 de septiembre, ratificó la sentencia al negar los recursos de apelación de ambas partes, dejando la sanción firme y exigible. Con la sentencia ejecutoriada, el TCE ordenó al Ministerio de Trabajo registrar la suspensión en el sistema de prohibiciones e inhabilidades conocido como CIWEB, procedimiento que parecía rutinario pero que terminó generando un nuevo problema. El Ministerio de Trabajo emitió dos certificados contradictorios: uno que confirmaba la suspensión y otro que señalaba que el prefecto no tenía impedimentos para ejercer cargos públicos.
Esta inconsistencia encendió las alertas del Tribunal, que intervino de forma inmediata. El juez Viteri Llanga ordenó corregir los registros, eliminar párrafos erróneos y emitir un nuevo documento que se limitara estrictamente a reflejar la sanción, sin interpretaciones ni comentarios adicionales. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, reconoció públicamente que el error se produjo por “plantillas automáticas” en el sistema.
Sin embargo, el TCE recordó que ninguna autoridad administrativa puede reinterpretar ni modificar una resolución judicial, y dispuso que la corrección se ejecute sin dilación, garantizando exactitud y transparencia en los registros. El Tribunal también remitió el caso a la Contraloría General del Estado, ordenando un examen especial al sistema CIWEB para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales en la emisión de certificados contradictorios.
Cuando el caso parecía entrar en una fase técnica, un nuevo episodio agitó la política local. El 20 de octubre, Hermel Tayupanda ingresó a la Prefectura de Chimborazo, pese a la sanción vigente, y ordenó a la prefecta subrogante, Mónica Loza, “deshacer lo que ha hecho”. El hecho fue grabado por funcionarios y difundido en videos que rápidamente circularon en redes sociales y medios locales.
Tras conocerse el video, el TCE reiteró que sus resoluciones son de cumplimiento inmediato y obligatorio, y advirtió que cualquier intento de incumplimiento, omisión o manipulación será remitido a la Fiscalía General del Estado, conforme al artículo 267 del Código de la Democracia. El Tribunal también ordenó al Consejo Provincial de Chimborazo remitir, en un plazo de tres días, toda la documentación que acredite el cumplimiento efectivo de la sanción, incluido el cese temporal de funciones del prefecto sancionado.
La suspensión de los derechos de participación política no implica la destitución del cargo, pero sí limita la capacidad de Tayupanda para ejercer actos públicos, políticos o administrativos durante el periodo sancionado. En su lugar, la prefecta subrogante, Mónica Loza, asume las funciones administrativas mientras dure la medida.
El TCE fue claro al subrayar que el incumplimiento de la sanción podría derivar en acciones penales, tanto para el prefecto como para los funcionarios encargados de ejecutar la medida. Con ello, el organismo electoral busca fortalecer la autoridad institucional y sentar precedentes en el respeto a las resoluciones judiciales.
