Por: Wellington Toapanta
Que no se dude que la disputa, que sola al país, entre grupos de delincuencia organizada es efecto de la ley de causalidad, de causa-efecto, puesto que investigaciones dicen que desde el 2007 aterrizaron, en masa, operadores de avanzada, falsificadores de la historia Patria.
El micromercado de narcóticos existente hasta el 2006, se expandió en el siguiente, ataviado por una mayoría populista Constituyente, la que, desde octubre del 2008, prohibió presencia de bases e instalaciones extranjeras con fines militares, fijó ciudadanía universal, consagró derechos para delincuentes, adicciones como problemas de salud, y más.
Esas y otras pautas escaladas, fueron inducidas, demagógicamente a electores, que mayoritariamente las refrendaron e iniciaron procesos sistematizados que ahora tienen en vilo a la seguridad, a la economía, al bienestar del país; la crónica roja abre los informativos.
Ese montaje fue alertado desde ese 2008, pero el vigente populismo la reprimió con estribillos ‘revolucionarios’ y la justicia cooptada, con eco en desencajados ‘nacionalistas’ y ‘tolerantes’.
Así, el relato del periódico estadounidense The New York Times, que retrata al Ecuador del 2025 como “superautopista de la cocaína”, reafirma aquello y lo posiciona internacionalmente.
Identifica que los “movimientos” sociales y políticos del 2022 y 2023 (paro indígena y muerte cruzada, con actores definidos) fueron operaciones guiadas por “un consorcio internacional de narcotraficantes”, integrado por carteles mexicanos, disidentes de grupos armados colombianos, mafias europeas y bandas locales, para “tomar el poder” político, situación que debe ser valorada, profesionalmente, por operadores judiciales y electorales y proceder conforme a Derecho, aunque será paliativo, porque desinstitucionalizar la “superautopista” montada sin dificultades en 10 años, es colosal; imposible en días, en semanas, meses, exige convicción, voluntad nacional y fuerte liderazgo.
