¿El Ecuador ya es un país fallido?
Por: Fedgar
Cuando se habla o se escribe sobre un “país fallido” suele incomodar. Se percibe como una exageración, como una etiqueta importada o como una descalificación extrema. Sin embargo, cuando el desorden jurídico se vuelve norma y la ley deja de ser un referente confiable para la convivencia, la pregunta deja de ser retórica y se convierte en una inquietud legítima.
Vivimos en un marasmo jurídico que confunde, desgasta y paraliza. Las normas se interpretan según el interés del momento, las sentencias parecen contradictorias y la justicia, lejos de brindar certeza, genera temor. El ciudadano común ya no sabe a qué atenerse: cumplir la ley no garantiza protección, y transgredirla no siempre implica sanción. Esta inversión perversa del orden jurídico erosiona el pacto social.
La inseguridad jurídica no es un problema técnico; es una tragedia cotidiana. Afecta al emprendedor que duda en invertir, al trabajador que no confía en el sistema, al ciudadano que siente que sus derechos dependen del humor de un juez o de la cercanía con el poder. Cuando la ley deja de ser previsible, el país entra en una zona de penumbra donde todo es posible, incluso lo injusto.
Las instituciones, llamadas a ser el sostén del Estado, muestran signos de agotamiento. La justicia politizada, los organismos de control debilitados y la constante confrontación entre funciones del Estado proyectan una imagen de desorden estructural. No es solo un problema de personas; es un problema de sistema. Y cuando el sistema falla, la democracia se vacía de contenido.
En este contexto, la impunidad se normaliza. Los grandes casos quedan enredados en laberintos procesales, mientras las sanciones recaen con mayor severidad sobre los más débiles. La ley parece tener peso distinto según quién la carga. Esta selectividad destruye la noción de igualdad ante la ley y alimenta la percepción de que el Ecuador funciona más por favores que por principios.
El verdadero riesgo no es aceptar que vivimos un marasmo jurídico, sino acostumbrarnos a él. Porque cuando la injusticia deja de indignar y el desorden se vuelve paisaje, el país no solo falla, se resigna. Y un país resignado es más peligroso que uno en crisis.
Como soñar no cuesta nada, quizás el mayor desafío del Ecuador no sea reformar leyes, sino recuperar el sentido moral del derecho. Volver a creer que la ley existe para proteger, no para confundir; para servir al ciudadano, no para someterlo. Solo entonces dejaremos de preguntarnos si somos un país fallido y empezaremos, con responsabilidad, a reconstruir lo que hoy parece extraviado.
