DENUNCIA
La tranquilidad de una familia riobambeña se quebró a mediados de octubre tras conocerse la presunta violación a la niña de tres años dentro de las instalaciones de una Unidad Educativa, ubicada en el norte de Riobamba.
El caso, que ha despertado conmoción en la comunidad y un profundo rechazo en la opinión pública, se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la familia de la menor asegura sentirse desprotegida y reclama la falta de respuestas inmediatas por parte de las autoridades educativas del Distrito Chambo–Riobamba.
El abogado Edwin Daqui, quien asumió la defensa legal del caso, explicó que la denuncia fue presentada el 20 de octubre, inicialmente calificada como abuso sexual, pero que los resultados del examen médico-legal determinaron que el delito configuraría una violación, conforme al artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“No se trata de abuso, se trata de violación. El examen médico confirma lesiones recientes. Hemos solicitado que la Fiscalía recalcifique el delito y actúe con la máxima rigurosidad”, afirmó el jurista. De acuerdo con la versión del abogado, tras la denuncia, la familia acudió a la rectora del plantel y al director distrital de Educación Chambo–Riobamba, pero hasta el momento no han recibido respuesta oficial ni acompañamiento oportuno.
“Hemos ingresado escritos, acudido personalmente y pedido información sobre las medidas adoptadas, pero no existe un pronunciamiento claro del Distrito. Si es necesario llegaremos a la Presidencia o incluso a la fiscalía general del Estado”, sostuvo Daqui, además señaló que este caso no sería un hecho aislado. Según su registro personal, en la ciudad de Riobamba existirían más de 300 denuncias similares por delitos de connotación sexual en el entorno escolar que no han tenido resolución o sanción efectiva.
Esta cifra no confirmada oficialmente evidencia, según él, una preocupante falta de seguimiento institucional y una cultura del silencio dentro del sistema educativo local. Ante la cobertura del caso y la presión pública, mediante la analista de comunicación se pronunció que, tras conocerse el caso, se notificó de inmediato a la Junta Cantonal de Protección de Derechos y la madre de la menor presentó la denuncia ante la Fiscalía.
Paralelamente, el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) brindó acompañamiento y contención emocional a la estudiante, garantizando su seguridad. Para asegurar la continuidad de su formación, se gestionó su traslado a otra institución educativa, donde recibe apoyo psicológico y académico. Además, se dispusieron medidas administrativas, entre ellas la elaboración de un informe técnico para determinar responsabilidades y la remoción de la autoridad anterior del plantel.
Pese a las acciones anunciadas a nivel zonal, no se ha emitido un pronunciamiento público ni institucional del director distrital de Educación Chambo–Riobamba. Este silencio ha generado indignación en padres de familia, docentes y colectivos de protección infantil, que exigen transparencia en los procedimientos y sanciones ejemplares para los responsables. Representantes de asociaciones de padres advierten que los canales de denuncia en el sistema educativo “son lentos, burocráticos y poco empáticos con las víctimas”.
