Durante una entrevista, el director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira, informó que el organismo identificó varias anomalías en un contrato de seguridad adjudicado por la empresa municipal Segura EP, tras realizar una revisión técnica y jurídica del proceso.
El funcionario explicó que el contrato, firmado en diciembre de 2025 por un valor cercano a los 17 millones de dólares, contemplaba la prestación de servicios de vigilancia. Sin embargo, los controles efectuados en el marco de la normativa de contratación pública permitieron detectar presuntas inconsistencias que motivaron la intervención institucional.
Entre los principales hallazgos constan irregularidades relacionadas con el armamento destinado al personal de seguridad. De acuerdo con Neira, varias armas no contaban con el registro correspondiente ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, requisito obligatorio para su uso legal.
Asimismo, la inspección evidenció problemas en el cumplimiento de obligaciones laborales. Parte de los guardias no figuraban afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni cumplían disposiciones establecidas por el Ministerio del Trabajo del Ecuador.
Frente a estos resultados, el Sercop dispuso la suspensión del contrato y ejecutó semanas atrás una intervención en las instalaciones de Segura EP para recopilar información adicional. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa con el fin de determinar posibles responsabilidades./El Telégrafo
