Sentenciado a 29 años de prisión por presunta violación en Guamote

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La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo dictó una sentencia de 29 años y 4 meses de prisión contra Jefferson C. J., al encontrarlo responsable del delito de violación agravada en perjuicio de una adolescente de 15 años.

La Corte Provincial de Justicia de Chimborazo dictó 29 años y 4 meses de prisión a un hombre hallado culpable de violar a una adolescente en Guamote.

La decisión se emitió tras acoger el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General del Estado, que logró revertir la absolución inicial dictada por un tribunal de primera instancia. El delito ocurrió la madrugada del 21 de noviembre de 2021, en la comunidad de Maguazo, perteneciente al cantón Guamote. De acuerdo con la investigación, el agresor primo de la madre de la víctima ingresó por una ventana a la habitación de la menor mientras dormía y cometió la agresión sexual.

La adolescente logró reconocerlo antes de que huyera y, con apoyo de sus familiares, denunció el hecho ante la Policía Nacional, lo que permitió iniciar el proceso penal. La Fiscalía Multicompetente de Guamote sustentó la apelación con abundante evidencia pericial y testimonial. Entre los elementos presentados constaron el testimonio anticipado de la víctima, informes médico-legales y psicológicos, así como el resultado de una pericia biológica que confirmó la presencia de material genético del procesado en el cuerpo de la víctima.

Estos elementos, que en la primera instancia no fueron valorados en su justa dimensión, resultaron concluyentes para los magistrados de la Corte Provincial, quienes revocaron la sentencia absolutoria emitida el 25 de abril de 2025 y dictaron una condena en su grado máximo agravado.

Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal ordenó como medida de reparación integral que la víctima reciba atención psicológica especializada a través de la red pública de salud, y dispuso que el sentenciado pague una indemnización económica de 5.000 dólares. La sentencia, emitida el 5 de noviembre de 2025, fue calificada como un precedente en la lucha contra la violencia sexual en Chimborazo.

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