SOCIEDAD
La tarde y noche del 20 de noviembre de 2002, el estruendo del polvorín se escuchó a kilómetros de distancia del epicentro, la brigada de caballería Galápagos. La explosión del arsenal embodegado dejó aproximadamente, 7 muertos y cientos de heridos.
Luego de 23 años de la tragedia del polvorín, Riobamba ha experimentado cambios profundos en su planificación, su crecimiento urbano y su cultura de gestión de riesgos. A raíz de la tragedia, se implementaron normativas más estrictas sobre el almacenamiento de explosivos y material bélico. Una de las decisiones más relevantes fue el retiro total del arsenal militar de la provincia de Chimborazo, evitando que una tragedia similar volviera a amenazar a la población civil.
El barrio San Antonio ubicado atrás del cuartel militar y que sus casas fueron afectadas por la cercanía a las ondas expansivas, ha sufrido un índice de crecimiento habitacional lento y la ayuda de las autoridades municipales a partir de ese acontecimiento ha sido poco. El barrio no cuenta con áreas verdes, ni un sistema de iluminación adecuado, lo que inclusive lo ha trasformado en un barrio peligroso.
Las Fuerzas Armadas también adoptaron nuevas políticas de seguridad y control, modernizando los protocolos de almacenamiento, transporte y resguardo del material militar. El coronel Luis Medina, vocero de la Brigada Blindada Galápagos, señala que “la tragedia de 2002 fue un punto de quiebre para la institución; desde entonces, Ecuador ha elevado sus estándares de seguridad militar y descentralizado sus bodegas para reducir riesgos”. Estas medidas, aseguran, han permitido mayor trazabilidad y control del armamento a nivel nacional.
En este nuevo aniversario, autoridades locales y militares coinciden en que la memoria del Polvorín no solo debe servir para recordar, sino para reforzar la responsabilidad institucional y ciudadana ante los riesgos.
