CORRUPCIÓN
La Corte Nacional de Justicia acogió, la mañana del 7 de enero, la audiencia de disculpas públicas de los abogados sentenciados dentro del denominado Caso Plaga, una de las investigaciones más emblemáticas contra la corrupción judicial en el país. La audiencia, instalada por la fiscalía general del Estado, corresponde a una sentencia por delincuencia organizada y forma parte del proceso de reparación simbólica dispuesto por la justicia. El acto contó con la presencia del fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón.
Durante la diligencia, la Fiscalía confirmó la comparecencia de Michael H. S. y Xavier A. B., abogados radicados en Riobamba, quienes ofrecieron disculpas públicas dirigidas a la Función Judicial y a la ciudadanía por su participación en la estructura delictiva. No ocurrió lo mismo con Hugo Alexander L. O., también sentenciado en este proceso, quien no acudió a la audiencia pese a haber sido convocado legalmente.
Ante esta inasistencia, el juez dispuso una multa diaria equivalente a la quinta parte de una remuneración básica unificada, sanción que se mantendrá hasta que el procesado comparezca ante la autoridad judicial. El Caso Plaga se hizo público en la madrugada del 3 de abril de 2024, cuando la Fiscalía ejecutó operativos simultáneos en ocho provincias, tanto de la Costa como de la Sierra.
Las acciones permitieron desarticular una red integrada por abogados, jueces, exjueces, funcionarios judiciales, personal del SNAI y policías, dedicada a manipular decisiones judiciales. De acuerdo con la investigación fiscal, los implicados utilizaban acciones constitucionales, principalmente hábeas corpus, para justificar excarcelaciones que no cumplían con los requisitos legales, a cambio de dinero o favores. Como resultado de estas prácticas, al menos 241 personas privadas de libertad habrían recuperado su libertad de forma irregular.
Los allanamientos se ejecutaron en provincias como Guayas, Manabí, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Azuay, Tungurahua y Chimborazo, lo que evidenció el alcance nacional de la estructura delictiva. La investigación situó a Riobamba como uno de los puntos relevantes dentro del Caso Plaga, luego de que varios abogados de la ciudad fueran vinculados y sentenciados. Uno de ellos, Michael H., recibió una condena de 10 meses de prisión y el pago de USD 16.500.
La pena reducida se otorgó tras aceptar su responsabilidad, acogerse a un procedimiento abreviado y colaborar con la Fiscalía como testigo protegido. En su testimonio, confesó al menos doce hechos que comprometieron a jueces y exjueces, incluso de la Corte Nacional de Justicia. Reveló, además, la gestión de un recurso de casación en 2022 a cambio de USD 50.000, información que permitió abrir nuevas investigaciones por cohecho y tráfico de influencias. Actualmente, cumple su condena en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi.
Hugo L. O. fue condenado a 17 meses de prisión, al pago de USD 5.520 de multa y USD 13.885,40 por reparación integral. La Fiscalía lo identificó como uno de los cabecillas de la organización. Vinculado al estudio jurídico Fandet, liderado por Cristian R., aportó información sobre el modus operandi de la red: sobornos a jueces, uso de certificados médicos falsos, manipulación de hábeas corpus y presuntas influencias en diferentes instancias judiciales, incluso en la Corte Nacional.
