Reinciden hallazgos de droga y objetos prohibidos en la cárcel de Riobamba

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Pese a los controles antes realizados, una nueva intervención militar confirmó que artículos prohibidos continúan circulando dentro del centro penitenciario de Riobamba.

Efectivos militares decomisaron celulares, drogas y armas blancas durante un operativo en la cárcel de Chimborazo.

El hallazgo refuerza las alertas sobre las fallas persistentes en la seguridad carcelaria. Otra vez, la historia se repite al interior del Centro de Privación de Libertad de Chimborazo, donde una intervención militar permitió descubrir, una vez más, la presencia de objetos prohibidos que no deberían estar en manos de personas privadas de libertad.

El operativo, ejecutado por las Fuerzas Armadas del Ecuador a través del Ejército Ecuatoriano, volvió a desnudar una problemática que persiste pese a los controles periódicos. La acción se desarrolló en coordinación con otras entidades del Estado y contempló registros exhaustivos en distintos pabellones y áreas comunes del centro penitenciario.

El objetivo fue reforzar el control interno y detectar elementos que representen un riesgo para la seguridad y el orden. Durante los registros, los uniformados decomisaron 12 teléfonos celulares, dosis de pasta base y marihuana, armas blancas, pipas artesanales y otros objetos no autorizados.

Se trata de artículos que ya han sido encontrados en intervenciones anteriores, lo que evidencia que el problema no es aislado ni circunstancial.

Autoridades de seguridad advierten que la presencia reiterada de celulares y drogas dentro de los centros de reclusión facilita la coordinación de actividades ilícitas, incrementa los conflictos internos y mantiene activos vínculos con redes criminales fuera de los muros.

La nueva incautación vuelve a poner bajo la lupa la eficacia de los controles penitenciarios. A pesar de los operativos anunciados y del refuerzo militar en distintos momentos, los resultados muestran que los mecanismos de ingreso y ocultamiento de objetos prohibidos continúan operando.

Especialistas señalan que estas situaciones no solo comprometen la seguridad de las personas privadas de libertad, sino también la del personal penitenciario y, en última instancia, la de la ciudadanía.

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