Por: Nathalie Arias
Hemos empezado la cuenta regresiva para la consulta popular y referendo del 16 de noviembre próximo. A pesar de que faltan un par de semanas probablemente no hemos reparado en las implicaciones que podrían tener este ejercicio de democracia directa. Vamos a ello.
Primero lo primero. La pregunta en cuestión nos lleva a responder si queremos que se convoque e instale la convocatoria a Asamblea Constituyente. Es decir, que se reescriba la Constitución. Recientemente, en una entrevista en medio de comunicación, le preguntaron al presidente Noboa cuáles serían los temas a proponer. Aunque en esa ocasión la respuesta fue evasiva, en realidad él ya la había respondido. Lo hizo a través de la exposición de motivos del Decreto Ejecutivo No. 148 del 19 de septiembre. Además del número de asambleístas constituyentes, número de elecciones y proceso en general también justifica porque deberíamos optar por dar por superada la Constitución de Montecristi.
En este documento se mencionan al menos tres puntos: la crisis de inseguridad y las escasas estructuras de defensa que tiene esta (y cualquiera otra administración) para poder enfrentar la violencia criminal. El desgaste ocasionado por el Cpccs y cómo esta institución ha impactado de forma negativa en la institucionalidad del país. Finalmente se menciona la persistencia de los altos niveles de pobreza.
Hasta aquí ya hemos revisado las motivaciones, pero no hemos abordado el deber ser de una Constitución. Este instrumento, que surgió hace siglos como límite al poder absoluto y que daba forma inicial a un nuevo sistema de gobierno, ha ido migrando hasta convertirse en ese marco institucional que permite -o en nuestro caso limita- el desarrollo del proyecto de vida de los ciudadanos.
Hay un miedo justificado con respecto a cuál será el resultado de este ejercicio. Podría resultar que, como dijo un actor político, en vez de refundar la república terminemos por refundirla. Sin embargo, las herramientas para enfrentar este temor son las democráticas y están a la mano: debate nacional y el eventual pronunciamiento a través del voto.
Por eso es importante que asumamos con la responsabilidad que corresponde la pregunta propuesta. Es ante todo la oportunidad para apostar por un nuevo modelo económico que favorezca el progreso y la libertad. Uno que opte por la apertura de mercados, la estabilidad de las reglas para la inversión y devuelva la condición de Estado de Derecho al país. El Ejecutivo dice que hay que poner al ciudadano primero y esto es un inicio, pero necesitamos que apueste por el desarrollo y las herramientas que así lo favorecen.
*Economista por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ex Miembro de la Asamblea Nacional. Profesora en la Universidad Espíritu Santo UEES. Máster en Dirección de Entidades sin Ánimo de Lucro por la Universidad de Barcelona. Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra.
