La comparecencia se efectuó virtualmente ante los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico.

Al inicio de su intervención, la máxima autoridad de Planificación explicó que las reformas
apuntan a los siguientes objetivos: “En primer lugar, Ecuador necesita alcanzar
y mantener la sostenibilidad fiscal que ayude a un crecimiento sostenible, para la recuperación y reactivación, alineado a la planificación. Por otro lado, tenemos que
el Plan Nacional de Desarrollo promueve la transparencia y la corresponsabilidad,
en ese aspecto, las reformas reflejan este objetivo y fortalecen la economía.
Asimismo, debe existir una corresponsabilidad en el manejo fiscal para todos
los niveles de gobierno”, manifestó.

Enfatizó que el proyecto de Ley “respeta y refuerza los principios constitucionales de
planificación, de sostenibilidad fiscal y respeto a las autonomías”
y que la propuesta está alineada al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Posteriormente, la titular de Planifica Ecuador hizo referencia a las atribuciones que, dentro del proyecto de Ley, le competen tanto a la entidad rectora de la planificación como al Ministerio de Finanzas y la vinculación que existe entre ambos: “El Sistema de Planificación maneja los ejes, objetivos y metas del PND, y revisamos su cumplimiento; asimismo, damos seguimiento a que los indicadores demuestren avances físicos. Cuando vinculamos este Sistema con la planificación-presupuesto, nos articulamos con el Sistema de Finanzas Públicas, el cual revisa objetivos fiscales, límites de endeudamiento y las metas fiscales, y va orientado con los indicadores presupuestarios”, destacó.

Sandra Katherine Argotty informó que en la propuesta de Ley “se crea un Comité Nacional de Coordinación Fiscal, que mediría cómo se va a vincular la sostenibilidad fiscal de inversión pública con la planificación-presupuesto. En ese proceso, el Sistema de Planificación da la directriz de política pública, ejerce la rectoría sobre la planificación e inversión pública y analiza la construcción, viabilidad, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública”. 

“No se quitan las competencias ni se pierden las atribuciones, se las están reforzando. Seguimos priorizando los proyectos de acuerdo a la Planificación, además, precautelamos la existencia de suficientes recursos para los proyectos (…) Tenemos que analizar cómo el sector público, el privado, los gobiernos locales vamos a trabajar en la coyuntura, pero también en la pospandemia. Como atravesamos una fuerte crisis, todos tenemos que arrimar el hombro para salir adelante”.

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