Ante la situación de emergencia sanitaria que vive Ecuador por la llegada del COVID-19, colectivos, periodistas y trabajadores de la comunicación nos hemos autoconvocado para señalar necesidades urgentes que garanticen el ejercicio de nuestra profesión. Principalmente, exigimos al Gobierno Nacional que se comprometa a preservar la salud y la vida, respetar los Derechos Humanos y a garantizar el ejercicio periodístico como parte de sus obligaciones democráticas, conforme al artículo 18 de la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).

Casi un mes después de haberse decretado la cuarentena en el país, manifestamos nuestra preocupación frente a hechos y medidas tomadas por el Gobierno que vulneran el derecho al acceso a la información y la transparencia de la misma. Alertamos sobre la creciente cifra de periodistas y trabajadores en medios que han fallecido como consecuencia del contagio en el ejercicio de sus funciones y que hasta el 12 de abril sumaban, por lo menos, nueve. Además, se han identificado mínimo 16 contagios y 18 personas en aislamiento. Estas cifras suponen un subregistro, precisamente por la dificultad de realizarse pruebas y las limitaciones para acceder a datos precisos.

En una crisis sanitaria, como la que enfrentan Ecuador y el mundo, la posibilidad de garantizar el acceso a información útil, oportuna, precisa, documentada y transparente
puede evitar que se profundice el caos generado por rumores y datos falsos, especialmente en redes sociales; además, puede ayudar a evitar contagios y salvar vidas. Sin embargo, como lo reseña una carta abierta suscrita por varios periodistas ecuatorianos, desde que se implementaron las medidas de aislamiento social y se estableció el mecanismo de las denominadas ruedas de prensa virtuales, esa posibilidad se ha visto limitada. Como muestra de ello, se han recogido testimonios de reporteros que tienen dificultades en los espacios abiertos por las autoridades para entregar información y ven limitadas sus posibilidades de repreguntar para asegurar que sus audiencias reciban información completa y oportuna.

Quienes ejercemos el periodismo tenemos que enviar las preguntas con anterioridad a
chats de prensa coordinados por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom), pero desconocemos los filtros para seleccionarlas. A esto se suma la falta de respuesta a los pedidos realizados a instituciones públicas y a las autoridades locales que atienden la crisis, cuando es su obligación comunicar de forma transparente y entregar los datos solicitados. Queremos advertir la falta de una estrategia para que la información sea accesible a las audiencias de los pueblos y nacionalidades indígenas, al igual que para las personas con discapacidad auditiva. Esto desconoce el derecho a la comunicación intercultural e incluyente reconocido por la Constitución. En su lugar, vemos con preocupación cómo se ha intentado marcar pautas e incidir en la cobertura de los medios de comunicación, lo cual a futuro podría configurarse en censura previa.

Enfatizamos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el
Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa, Harlem Désir, establecen que los gobiernos
deben garantizar información veraz sobre el coronavirus. Según el comunicado, el
periodismo es crucial ya que informa al público y monitorea las acciones del gobierno.
Adicionalmente, en una encuesta sobre condiciones laborales de periodistas cubriendo
la emergencia, impulsada desde la sociedad civil, se señala la importancia de que el
Ministerio de Trabajo exija a las empresas relacionadas al ámbito del periodismo y la
comunicación la creación de protocolos específicos para el manejo de la emergencia, la
distribución de implementos de bioseguridad, acceso a la salud integral —física y
psicológica—, y respeto a los turnos laborales, de todos los empleados, incluyendo
conductores y personal de limpieza.

Por lo expuesto:
1. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los trabajadores de la
comunicación que han fallecido en esta coyuntura y exigimos que las
autoridades dispongan los medios necesarios para asegurarles un descanso
digno. Asimismo, nos solidarizamos con los compañeros que se encuentran a la
espera de la toma de una prueba o de un diagnóstico y hacemos un llamado para
que las autoridades pertinentes y los medios a los que pertenecen se apersonen
de sus casos.
2. Exigimos que el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los
Trabajadores de la Comunicación, creado en abril de 2019, se encargue de
atender estas necesidades. Entre las que están el acceso a test de COVID-19 y
servicios de salud integral, protección de derechos laborales, reformulación de
las ruedas de prensa virtuales para que se garantice el acceso sin ningún tipo de
discriminación a datos precisos y oportunos.
3. Si bien, en declaraciones del 10 de abril de 2020, la ministra de Gobierno, María
Paula Romo, ha ofrecido una reestructuración de las ruedas de prensa, es
fundamental que estas respeten el principio de pluralidad y diversidad para que
todos los periodistas, sin importar el medio al que pertenezcan puedan
participar de ellas. Exigimos que el nuevo mecanismo sea transparente, que sea
dado a conocer de manera oportuna y que contenga el compromiso de las
autoridades para responder las inquietudes de los periodistas.
4. Acceso a fuentes no oficiales: Como lo han manifestado múltiples
organizaciones de libertad de expresión en la región y el país, es fundamental
tener en cuenta que el libre ejercicio periodístico comprende la contrastación de
información con fuentes no oficiales para fortalecer el debate público. En este
caso, el personal médico que atiende la emergencia de primera mano y los
pacientes son fuentes indispensables para la prensa. Es imperativo que las
autoridades hospitalarias se abstengan de promover medidas restrictivas que
dificulten el diálogo de la prensa con este tipo de fuentes.

Se adhieren a este manifiesto y firman en conjunto las siguientes organizaciones,
gremios, facultades de comunicación y medios

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