ESTAFA
La promesa de acceder a plazas de trabajo dentro del sistema educativo fiscal, con la posterior posibilidad de obtener nombramientos definitivos, habría sido utilizada como mecanismo para un presunto esquema de estafa que dejó un perjuicio económico cercano a los 30.000 dólares, afectando a siete profesionales del sector educativo.
En enero de 2026, acudieron al Distrito de Educación Guano–Penipe para poner en conocimiento de las autoridades los hechos, considerando que la persona denunciada continuaría en funciones dentro del sistema educativo, específicamente en una unidad educativa de la comunidad de Tuntatacto. Los afectados exigen que las investigaciones avancen con celeridad y que se determinen responsabilidades tanto en el ámbito penal como administrativo.
De acuerdo con la documentación presentada ante la Fiscalía General del Estado y posteriormente al Distrito de Educación Guano–Penipe, los hechos se iniciaron en junio de 2024, cuando los afectados tomaron contacto con una mujer identificada como Karol. C.
Según los denunciantes, la mujer aseguraba contar con contactos dentro del Ministerio de Educación, lo que de acuerdo con su versión le permitía ubicar a los interesados en plazas vacantes de instituciones educativas públicas, principalmente en el cantón Riobamba, y posteriormente asegurar su estabilidad laboral mediante un nombramiento definitivo. Según los testimonios recabados, el acceso a estas supuestas plazas de trabajo estaba condicionado al pago de altas sumas de dinero.
Inicialmente, la intermediaria habría solicitado valores que oscilaban entre 5.000 y 10.000 dólares por persona, bajo el argumento de cubrir trámites y gestiones internas. Durante el año 2024, los afectados realizaron transferencias bancarias a una cuenta personal de la denunciada. Los montos entregados fueron altos en varios depósitos.
Para cumplir con estos pagos, varios de los denunciantes recurrieron a préstamos bancarios y apoyo económico de familiares, pese a encontrarse desempleados o con ingresos precarios. El proceso, que según lo ofrecido debía concretarse en un plazo aproximado de un mes, coincidiendo con el inicio del año lectivo, no se materializó.
Primero se alegaron supuestos retrasos administrativos; luego se anunciaron nuevas fechas que tampoco se cumplieron. Finalmente, la denunciada habría informado que ni las plazas de trabajo ni los nombramientos se concretarían, sin que hasta la fecha se haya producido la devolución del dinero entregado. Ante la prolongada espera y la falta de respuestas, los afectados iniciaron indagaciones por cuenta propia.
Como resultado de estas averiguaciones, aseguran haber conocido que la denunciada ya habría operado anteriormente bajo un esquema similar en el cantón Chunchi, lo que reforzó la sospecha de un patrón reiterado de engaño. Esta información motivó a los denunciantes a acelerar las acciones legales, al considerar que podrían existir más personas afectadas bajo el mismo mecanismo.
En enero de 2025, cada uno de los afectados presentó su denuncia de manera individual ante la Fiscalía, adjuntando comprobantes de transferencias, conversaciones y demás elementos de convicción.
Posteriormente, por asesoría legal, decidieron actuar de forma coordinada bajo la representación de un mismo abogado, con el objetivo de fortalecer la investigación y evitar la dispersión de los casos.
