SEGURIDAD
El presidente Daniel Noboa Azín decretó este 4 de noviembre, un nuevo estado de excepción en el país ante el incremento de la violencia y el accionar de grupos criminales organizados que buscan controlar territorios en la Costa y parte de la Sierra ecuatoriana.
A través del Decreto Ejecutivo 202, el Gobierno dispuso esta medida en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar). El estado de excepción tendrá una duración de 60 días y su objetivo principal es fortalecer la seguridad ciudadana y preservar el orden público.
El documento oficial autoriza la suspensión temporal de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que permitirá a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutar allanamientos, inspecciones y requisas en lugares donde se presuma la presencia de personas vinculadas con actividades ilícitas o grupos armados.
Además, se habilita la intervención y análisis de comunicaciones físicas y electrónicas, siempre bajo el respeto al debido proceso y con la colaboración de operadoras de telecomunicaciones y entidades de control.
Aunque el estado de excepción faculta al Ejecutivo a restringir la libre circulación, en esta ocasión no se ha establecido toque de queda en ninguna jurisdicción, ni se suspende el derecho a la libre asociación.
El Gobierno señaló que la medida busca contener el avance del crimen organizado y restablecer la paz en zonas que en los últimos meses han sido escenario de hechos violentos y enfrentamientos entre bandas delictivas.
