CHIMBORAZO
Este lunes 20 de octubre de 2025, la Prefectura de Chimborazo se convirtió en escenario de un hecho inusual y tenso: Hermel Tayupanda, prefecto suspendido por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ingresó de forma abrupta a las instalaciones del Gobierno Provincial intentando retomar funciones, pese a una sentencia ejecutoriada que le impide ejercer cargos públicos durante tres meses.
La secuencia de los hechos se remonta al 29 de septiembre de 2025, fecha en la que el TCE emitió una sentencia que suspendió a Hermel Tayupanda de sus derechos de participación por un período de tres meses. Posteriormente, el 7 de octubre, el juez Richard Honorio González Dávila dispuso el registro formal de la sanción dentro de la causa N.º 058-2025-TCE, instruyendo al Ministerio del Trabajo para que la incluya en el sistema de impedimentos legales.
En cumplimiento de esa disposición, el 12 de octubre, el Ministerio del Trabajo emitió el certificado CIWEB20003896923, donde se confirmó que Tayupanda mantiene restricciones legales para ocupar cargos públicos. El documento dejó claro que la institución “se exime de toda responsabilidad sobre las consecuencias legales derivadas del registro ordenado por el TCE”, y precisó que corresponde a las unidades de talento humano de cada entidad pública aplicar las medidas respectivas.
Seis días después, el 18 de octubre, el pleno del Consejo Provincial acató por unanimidad la sentencia y ratificó a Mónica Loza Torres como prefecta subrogante. Sin embargo, la tranquilidad institucional se quebró dos días más tarde.
En la mañana del 20 de octubre, el coordinador de Talento Humano, Luis Alberto Gómez Prado, emitió el Memorando N.º HGADPCH-CTH-2025-6140-M, dirigido a Loza, donde notificaba la supuesta “terminación de la subrogación”. El documento citaba un certificado del Ministerio del Trabajo, presuntamente actualizado, que según Gómez habría eliminado del registro los párrafos que mencionaban la prohibición sobre Tayupanda.
Loza calificó el oficio como una irregularidad grave, al sostener que fue elaborado por un funcionario ya cesado. Según relató, Gómez habría recibido personalmente a Tayupanda en su domicilio, donde éste le entregó documentación para justificar su reincorporación. Horas más tarde, la situación escaló. En la tarde del mismo día, Hermel Tayupanda irrumpió en las oficinas de la Prefectura, dirigiéndose directamente al despacho principal. Las cámaras de seguridad registraron el ingreso, mientras que Loza alertó de inmediato al ECU-911 y a la Policía Nacional, señalando que se trataba de un delito flagrante de usurpación de funciones. “De manera sorpresiva, imponente, el ciudadano Hermel Tayupanda Cuvi ingresó a la institución arrogándose funciones que no le competen. No le competen por el lapso de tres meses, como así lo estipula la sentencia del TCE”, manifestó Loza ante los medios de comunicación.
En los videos captados por las cámaras internas, se observa un breve intercambio verbal entre ambos funcionarios. En un momento del diálogo, Tayupanda exige a Loza: “Todo lo que hiciste, me deshaces”, en tono autoritario.
La prefecta subrogante recordó que desde el 8 de octubre ya había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía por los intentos de Tayupanda de desconocer la resolución del TCE. Tras los hechos del lunes, anunció nuevas acciones legales contra quienes resulten responsables de los documentos emitidos desde la Coordinación de Talento Humano.
La prefecta subrogante Mónica Loza denunció el ingreso irregular del funcionario suspendido y anunció acciones legales, en medio de un ambiente de tensión política y administrativa.
El trasfondo político e institucional
Loza aseguró que el accionar del prefecto suspendido tiene el propósito de desestabilizar la gestión provincial. “Ese es el cometido: intentar inestabilizar la institución y frenar los procesos y obras que se están ejecutando”, afirmó. Además, rechazó los señalamientos de persecución política por parte de Tayupanda, recordando que el mismo TCE le había sancionado anteriormente por violencia política.
La funcionaria adelantó que reforzará las medidas de seguridad en el edificio de la Prefectura y que presentará ante las autoridades judiciales el registro audiovisual del ingreso como evidencia de lo ocurrido. También enfatizó que la sentencia del TCE “no puede interpretarse ni alterarse” y que su cumplimiento es obligatorio. Mientras se espera un pronunciamiento oficial del Ministerio del Trabajo y del Gobierno Provincial de Chimborazo sobre la validez del memorando emitido por Gómez, la tensión dentro de la Prefectura continúa.
En los próximos días, Mónica Loza anunció que ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre los avances de la gestión provincial y los procedimientos legales derivados de los hechos ocurridos, que han marcado uno de los episodios más críticos en la administración de la Prefectura de Chimborazo.
