POLÍTICA
A medio año de que el Gobierno interviniera las agencias de Tránsito de Manta y Durán, y mientras continúan las investigaciones por presuntas redes de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abrió el 2 de febrero de 2026 un proceso formal de control político sobre estas irregularidades.
Ante los legisladores compareció el ministro del Interior, John Reimberg, quien expuso los principales indicios encontrados en dichas dependencias y presentó alternativas que podrían convertirse en reformas legales para enfrentar lo que describió como un problema estructural en el sistema de tránsito del país.
Según la información recopilada por la Policía Nacional, en ambos cantones se detectaron esquemas sistemáticos para la emisión ilegal de licencias y matrículas, la comercialización de documentos oficiales, la eliminación irregular de sanciones y la legalización de vehículos robados, algunos de ellos provenientes de Colombia y Perú.
El general Cristian Barreiro, jefe policial de distrito, detalló que en Durán se matriculaban diariamente entre 200 y 300 automotores, pese a que la infraestructura de revisión técnica solo permite atender alrededor de 60, lo que levantó sospechas sobre la autenticidad de los procesos realizados.
El ministro Reimberg indicó que dentro de la ANT se habrían cobrado hasta 200 dólares por la entrega irregular de licencias de conducir. Reimberg planteó una reforma radical al sugerir que los municipios pierdan la competencia sobre el tránsito. “Ni los grandes, ni los medianos, ni los pequeños tienen capacidad para administrar este servicio. El sistema está colapsado”, afirmó ante los asambleístas.
