JUICIO
La justicia de Alausí inició un proceso penal contra Julio L., investigado por su presunta participación en el delito de violación en perjuicio de una adolescente con discapacidad intelectual. Durante la audiencia de formulación de cargos, la jueza Multicompetente dispuso medidas cautelares alternativas a la prisión, entre ellas la prohibición de salida del país y la presentación periódica cada ocho días, mientras se desarrolla la instrucción fiscal que tendrá una duración de noventa días.
La Fiscalía sostiene que no se trata de un hecho reciente, sino de un episodio que ocurrió en 2019, cuando la víctima tenía 17 años. Hoy, seis años más tarde, las circunstancias vuelven a ser reconstruidas para determinar si hubo una agresión sexual sistemática contra una adolescente con un 53 % de discapacidad intelectual.
El caso solo emergió porque la joven, según relató la familia, logró verbalizar lo que había vivido. Se lo dijo a su tía, la misma persona que llevó la denuncia a las autoridades y señaló directamente al presunto agresor. El proceso penal describe un escenario crudo: una vivienda en la ciudadela El Bosque, un entorno aparentemente familiar y un adulto con vínculos de confianza el compadre de la tía que habría aprovechado su cercanía para acercarse a la adolescente.
La Fiscalía afirma que el sospechoso habría ejercido fuerza y se habría valido de la discapacidad de la víctima para someterla en varias ocasiones. Ese relato se encuentra hoy bajo revisión, respaldado por una serie de indicios que fueron presentados durante la audiencia. El testimonio anticipado de la víctima tomado con acompañamiento psicológico se convirtió en el eje central de la acusación.
A él se suman los peritajes psicológicos, ginecológicos, sociales y forenses, así como el reconocimiento del lugar de los hechos, donde los peritos reconstruyeron los detalles mencionados en la investigación. Para la Fiscalía del cantón Alausí, estos elementos permiten sostener con solidez el inicio del proceso. La jueza coincidió en que existen indicios suficientes y dio paso a una instrucción fiscal de 90 días, período en el que se ampliará la investigación, se contrastarán testimonios y se definirán responsabilidades. Mientras tanto, Julio L. deberá cumplir con las medidas impuestas.
