Las autoridades lo confirmaron de manera virtual.

César Rodríguez, director Ejecutivo de la Federación de Cámaras de la Pequeña Industria y vocal del Consejo Directivo del IESS, explicó sobre los seguros de salud y de invalidez en donde se produce el mayor déficit. Manifestó que en el 2019, el seguro de invalidez, vejez y muerte (IVM) tuvo gastos prestacionales  de 4322 millones de dólares. Los aportes  fueron de 2637 millones. El valor que el gobierno realmente transfirió fue de 1140 millones; y, la deuda que se registraría en el 2019, solo por el IVM, sería de 545 millones de dólares.

En el 2020 la realidad es más complicada, porque los gastos proyectados son de 4460 millones de dólares, los aportes que debió haber colocado el Estado eran de 1870 millones y solo se registró 1377 millones con una diferencia de 493 millones. La deuda no negociada con el Estado, en abril 2020, es de 1500 millones de dólares en el tema de pensiones y el Ministerio de Finanzas aún no informa de qué manera y cuándo los cancelará.

En cuanto al seguro de salud, expresó que en el 2019 tuvieron una afectación de un gasto presupuestado de USD 2.300 millones. La deuda que tendría el Estado sería de USD 477 millones; y, los aportes a la seguridad social estimada, considerando al Covid,  es de USD1.546 millones. Mientras que la deuda no negociada con el Estado a abril 2020 asciende de USD 3.826 millones. Las proyecciones de desinversión de Biess por seguro de invalidez, vejez y muerte es USD 1.577 millones. El próximo año tendrá situaciones muy complejas para cubrir los temas de salud, puntualizó.

Carlos Vinicio Troncoso, gerente general del Biess, informó que mantienen 20 341 millones de dólares en ahorros previsionales, que no  llega a ser, sino una cuarta parte del PIB. Explicó que ese es el nivel de descapitalización que ha ido teniendo el Sistema de Seguridad Social ecuatoriano, a lo largo de los años. Puntualizó que en los últimos estudios actuariales, el déficit de los últimos 15 años es de aproximadamente  de 21 mil millones de dólares.

Informó que han recuperado liquidez, fruto del mejor recaudo de las planillas del aporte patronal; y, porque no ha existido requerimiento de créditos por parte de los afiliados, es decir, bajó la solicitud de préstamos, a la mitad. Por tanto, han recuperado liquidez, 635 millones de dólares al cierre de mayo.

El funcionario aseguró que buscan rendimiento y no rentabilidad. Sostuvo que tendrían 25 mil afiliados adicionales que necesiten refinanciar sus créditos. Están trabajando en soluciones de pago, preparando toda la estructura del banco para atender entre dos mil a dos mil quinientas operaciones de refinanciamiento cada mes.

En este marco, los legisladores condenaron hechos de corrupción que han salido a la luz. Dijeron que la misión del Consejo Directivo es garantizar la transparencia en las investigaciones y hay que buscar los responsables de los desfalcos.

Asimismo consultaron sobre el refinanciamiento de los créditos quirografarios e hipotecarios y la demora en las respuestas; las acciones y el plan de contingencia para buscar mecanismos de solución a los créditos, sobre todo, de los afiliados que se han quedado sin empleo. Troncoso dijo que están redireccionando con procesos para generar acuerdos de pago.

En otro orden, Ángel Ramírez, representantes de la Asociación de Trabajadores de la Comunicación del Ecuador “ASOTCE”, junto con asambleístas, presentó demandas sobre supuestos despidos intempestivos acogiéndose al artículo 169.6 del Código del Trabajo. Pidió se les paguen los rubros que por ley les corresponde; y, la intervención de las respectivas autoridades en la investigación de los hechos.

Argumentó que las desvinculaciones de extrabajadores de Cana Uno se están dando desde antes de la pandemia y que por más de cinco años adeudan a la seguridad social, lo que no le permite a sus empleados acceder a créditos y a seguro de desempleo. De igual forma, Paula Freire, representante de extrabajadores de COLINEAL, que fueron notificados, pide se les pague sus respectivas liquidaciones.

Datos: Sobre estos temas, la Comisión, hará traslado de la información a las autoridades competentes.

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