DEFENSA
Este lunes 5 de enero, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para responder a cuestionamientos sobre la seguridad de jueces, la renuncia del magistrado Carlos Serrano y la presunta existencia de audios que involucrarían a un funcionario judicial en supuestas presiones indebidas. Durante su intervención, Godoy rechazó las acusaciones, calificó varias de ellas como “falacias” y defendió la actuación institucional del organismo que preside.
Antes de iniciar su exposición formal, Godoy se refirió a una fotografía difundida en redes sociales, la cual calificó como falsa. Acto seguido, precisó las competencias del CJ y recalcó que la institución no dicta ni modifica sentencias, no investiga delitos, no imputa responsabilidades penales y no administra directamente la seguridad policial de los jueces, atribución que corresponde al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional. En ese contexto, informó que 47 jueces a escala nacional cuentan con seguridad estatal, de los cuales 19 se encuentran en Pichincha y 15 pertenecen a la Unidad Anticorrupción.
El titular de la Judicatura dedicó parte de su comparecencia a explicar la situación del juez Carlos Serrano, vinculado a procesos judiciales de alto perfil relacionados con bandas criminales. Para ello, presentó una cronología de los hechos que incluyó su integración al tribunal del caso Triple A, la solicitud de teletrabajo, la presentación de su renuncia irrevocable y posteriores comunicaciones sobre su salida de la institución. Godoy aclaró que la no aceptación inmediata de una renuncia responde a un análisis administrativo destinado a garantizar la continuidad de los procesos judiciales y negó que se haya retirado deliberadamente la seguridad al magistrado.
En relación con los presuntos audios en los que el entonces funcionario Henry Gaibor habría presionado al juez Serrano para favorecer a un ciudadano serbio acusado de narcotráfico, Godoy aseguró que hasta el momento no existen elementos formales en la Fiscalía que confirmen su existencia. Señaló que fue él mismo quien puso los hechos en conocimiento de esa entidad, solicitó la renuncia del funcionario involucrado e impulsó acciones administrativas internas, aunque evitó mencionar su nombre durante la comparecencia.
Finalmente, Godoy negó tener conflictos de interés y afirmó que, desde el inicio de su gestión, el CJ ha sancionado a 26 funcionarios judiciales por actuaciones que habrían afectado la institucionalidad. También rechazó cualquier vínculo con la defensa de narcotraficantes y negó que su esposa haya ejercido la defensa del ciudadano serbio mencionado, asegurando que renunció antes del inicio del proceso penal. Sostuvo que las acusaciones buscan afectar su imagen y la de su entorno profesional, y recalcó que incluso ha recibido reconocimientos internacionales por su lucha contra el narcotráfico.
