Dos historias separadas por la edad, el contexto y el tipo de atención médica coinciden en un mismo desenlace: un daño neurológico irreversible tras procedimientos hospitalarios.
Los casos de Alberto Vicente Castro, de 72 años, y Leandro Gabriel Yama, de un año y dos meses, evidencian no solo presuntas fallas en los sistemas de salud público y privado, sino también un vacío jurídico que dificulta la persecución penal cuando el paciente sobrevive con lesiones permanentes.
Ambos ingresaron a centros médicos buscando tratamiento. Hoy dependen completamente de terceros para realizar actividades básicas como alimentarse, movilizarse o comunicarse.
Un procedimiento que terminó en paro cardiorrespiratorio
El 17 de agosto de 2023, Alberto Castro acudió a un hospital privado en el norte de Quito para someterse a una endoscopía con el fin de retirar una masa alojada en el esófago. Según el testimonio de su familia, durante el procedimiento el médico decidió retirar el endoscopio al determinar que no era posible extraer la masa por esa vía. En ese momento, se habría producido una obstrucción de la tráquea que derivó en un paro cardiorrespiratorio de aproximadamente cuatro minutos.
El paciente permaneció seis semanas en coma. Al recuperar la conciencia, presentaba un daño cerebral severo. Perdió la capacidad de hablar, tragar y caminar. Requiere traqueostomía para respirar y gastrostomía para alimentarse.
Su comunicación depende de un dispositivo electrónico que maneja con el movimiento de un dedo. Desde el evento, su esposa e hijos reorganizaron completamente su vida para asumir su cuidado permanente. Hasta mayo de 2025, los gastos médicos superaban los USD 140.000.
El hospital informó que ha entregado la documentación requerida y que el caso se encuentra en instancia legal.
Fallas en atención pediátrica
El caso de Leandro Gabriel ocurrió en el sistema público. El menor ingresó el 24 de mayo de 2024 al Hospital General San Francisco del IESS con fiebre y tos persistente. Tenía antecedentes de prematurez extrema y displasia broncopulmonar, condición que lo convertía en paciente de alto riesgo.
Una auditoría médica posterior documentó deficiencias en la atención. Entre ellas, la imposibilidad de procesar a tiempo un panel viral por falta de laboratorio, la suspensión de un eco abdominal urgente por ausencia de radiólogo y carencia de insumos pediátricos básicos.
El 31 de mayo se registró un episodio crítico cuando la saturación de oxígeno del niño descendió. Según consta en la historia clínica, la mascarilla disponible no correspondía a su talla, lo que obligó a improvisaciones en la asistencia respiratoria. Posteriormente, el menor presentó secuelas neurológicas permanentes.
El vacío en el Código Penal
En Ecuador, el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal sanciona el homicidio culposo por mala práctica profesional cuando existe fallecimiento. Sin embargo, cuando el paciente sobrevive con lesiones graves o discapacidad permanente, no existe una tipificación penal específica.
Esta situación obliga a las familias a recurrir a otras vías judiciales.
En el caso de Alberto Castro, la familia presentó una demanda civil por daños y perjuicios para cubrir los costos de terapias y tratamiento. El proceso está en trámite.
En el caso de Leandro Gabriel, sus padres interpusieron una Acción de Protección contra el IESS y el Ministerio de Salud Pública por presunta vulneración de derechos a la salud y a una vida digna. La acción fue negada en primera instancia y actualmente se encuentra en apelación.
Estadísticas incompletas
Las cifras oficiales reflejan únicamente los casos que derivan en muerte. Desde 2015 hasta enero de 2026 se han registrado 1.595 denuncias por homicidio culposo por mala práctica profesional a escala nacional. Los casos con secuelas graves sin fallecimiento no cuentan con una categoría penal propia y, por tanto, no figuran en estadísticas diferenciadas.
Mientras los procesos judiciales avanzan, las familias asumen los costos médicos, terapéuticos y emocionales derivados de lesiones permanentes que, según denuncian, se originaron en procedimientos hospitalarios.
Los casos de Alberto y Leandro evidencian una zona gris en el sistema legal ecuatoriano: sobrevivir a un presunto error médico puede significar quedar fuera del ámbito penal, pese a enfrentar consecuencias irreversibles. (FUENTE: PRIMICIAS)
