SENTENCIA
Un hecho ocurrido en febrero de 2025 y que estremeció a la comunidad del cantón Guano llegó a su desenlace judicial, el Tribunal de Garantías Penales sentenció a 26 años de privación de libertad a Jennifer G. T., de 18 años, tras declararla culpable del asesinato de su hija recién nacida, un crimen que se produjo apenas una hora después del nacimiento de la menor.
La audiencia de juicio permitió reconstruir los acontecimientos registrados la madrugada del 8 de febrero en el sector conocido como “Las Abras”. De acuerdo con la investigación fiscal, la joven, quien cursaba 40 semanas de gestación, dio a luz a una niña dentro de una habitación del inmueble donde residía. Minutos después, la recién nacida fue asfixiada, vestida y ocultada en el interior de un mueble. Horas más tarde, la ahora sentenciada fue trasladada por su madre al Hospital General de Riobamba, argumentando un presunto malestar estomacal y una inflamación abdominal.
Sin embargo, el personal médico detectó signos evidentes de un parto reciente, lo que derivó en un interrogatorio clínico. Ante las preguntas del médico tratante, la joven indicó que el cuerpo de la bebé se encontraba escondido en un ropero blanco. Tras la alerta, miembros de la Policía Nacional se trasladaron al domicilio señalado, donde confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de la recién nacida. El procedimiento incluyó el levantamiento de evidencias y el inicio inmediato de las diligencias investigativas.
El informe de autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias superiores, estableciendo el hecho como una muerte de carácter homicida. Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía Multicompetente del cantón Guano presentó un conjunto de pruebas consideradas determinantes por el Tribunal. Entre ellas constaron la pericia médico-legal practicada a la víctima, los testimonios de los agentes policiales que participaron en la aprehensión, así como el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y la documentación del levantamiento de indicios.
Con base en estos elementos, los jueces resolvieron declarar a Jennifer G. autora directa del delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con penas de entre 26 y 30 años de prisión cuando la víctima es un descendiente directo. Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal dispuso el pago de una multa, cuyo monto será detallado en la sentencia escrita.
