La excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, acudió este 13 de marzo de 2026 al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito, para participar en una audiencia relacionada con una denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El caso se refiere a presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña electoral de 2023.
Durante la diligencia, dirigida por el juez sustanciador, se revisaron observaciones sobre la entrega incompleta de los informes financieros de ingresos y gastos de campaña. La defensa del CNE sostiene que el movimiento político no corrigió 10 de las 13 observaciones técnicas formuladas por el organismo, pese a que se concedieron prórrogas legales para hacerlo, cuyo plazo finalizó en febrero.
La abogada del CNE, Betty Báez, indicó que la supuesta omisión podría constituir una infracción contemplada en el artículo 281 del Código de la Democracia, que sanciona el incumplimiento en la presentación de reportes económicos de campaña. Además de González, el proceso también involucra a su exbinomio presidencial Andrés Arauz, a la responsable económica Estefanía Molina y al exjefe de campaña Santiago Díaz.
Por su parte, la defensa del movimiento correísta argumentó que las observaciones señaladas por el CNE corresponden a aspectos técnicos o interpretativos y negó que exista ocultamiento de recursos. Según el bloque político, el proceso carece de bases jurídicas sólidas y responde a un intento de desgaste contra la principal fuerza opositora.
El trámite electoral ocurre en paralelo a una investigación penal de mayor alcance conocida como caso “Caja Chica”, en la que la Fiscalía analiza un presunto esquema de lavado de activos y financiamiento irregular para la campaña presidencial de 2023.
Se espera que el Tribunal Contencioso Electoral emita su resolución en los próximos días, luego de evaluar las pruebas de descargo presentadas por González y su equipo jurídico./El Comercio.
