PARO
Aunque el Gobierno de Daniel Noboa y las organizaciones indígenas de Imbabura anunciaron el fin del paro tras casi un mes de protestas, en otras provincias del país el escenario sigue siendo tenso.
En Azuay, las bases de la Federación de Organizaciones Indígenas (FOA) ratificaron la continuidad de las movilizaciones, mientras la Universidad Central del Ecuador (UCE) ofreció mediar en busca de una salida al conflicto social.
El jueves 16 de octubre de 2025, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 reportó que persistían bloqueos en la Sierra norte, pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones UNORCAC y FICI, que durante 23 días lideraron las protestas en Imbabura tras el llamado al paro nacional convocado por la Conaie en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
La mediación de la Iglesia Católica permitió una tregua parcial y la reapertura de vías en Imbabura, acompañada de un pedido de las comunidades para liberar a los detenidos durante las manifestaciones. Sin embargo, en Otavalo, las bases de Peguche, Karanki, Huaycopungo y Eugenio Espejo rechazaron el acuerdo y mantuvieron su postura de resistencia. En paralelo, la FOA de Azuay confirmó que en sus territorios el paro continuaría, acompañado de asambleas comunitarias y cierres intermitentes de vías.
Aunque la Policía ejecutó operativos aéreos y despejó algunos tramos, la Panamericana siguió parcialmente bloqueada por llantas, troncos y escombros. Desde Quito, la Universidad Central del Ecuador propuso convertirse en un centro de mediación y sede de las mesas de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales. Además, la institución académica ofreció apoyo técnico en temas de compensación social y transición energética, con el objetivo de aportar soluciones sostenibles y equitativas al conflicto.
En Otavalo, la alcaldesa Anabel Hermosa dialogó con comuneros inconformes y les solicitó regresar a sus territorios para mantenerse en asamblea permanente. Anunció también la instalación, para el lunes 20 de octubre, de una mesa técnica junto con la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, para analizar el polémico decreto 126, aunque la funcionaria aclaró más tarde que su derogatoria no estaba en discusión.
A pesar de los intentos de diálogo y mediación, el conflicto social sigue latente en varias regiones del país. Mientras Azuay y otras provincias mantienen su postura de protesta, la propuesta de la Universidad Central surge como una posible vía para reconstruir la confianza y buscar acuerdos duraderos entre el Estado y el movimiento indígena.
Mientras tanto, el Gobierno desplegó helicópteros con víveres, agua y gas doméstico hacia las zonas afectadas por los bloqueos, especialmente en Otavalo y Atuntaqui, donde los comercios permanecieron cerrados y las calles vacías. El presidente Noboa, desde El Oro, reiteró que su administración seguía trabajando “pese a la oposición” y anunció la entrega de bonos a familias vulnerables.
Por su parte, la Conaie llamó a la calma, insistió en que sus demandas son de carácter nacional y mantuvo vigentes las resoluciones emitidas el 14 de octubre. También convocó donaciones en su sede de Quito para enviar un convoy humanitario con medicinas, alimentos y agua hacia las comunidades más afectadas por la paralización.
El ECU 911 informó que siete vías seguían cerradas en Imbabura, además de nuevos cierres en Pichincha, Carchi y Loja. Los detenidos del 14 de octubre fueron liberados, mientras que 12 procesados continúan con medidas judiciales en Ibarra, a la espera de audiencia de apelación.
