Por: Beatriz Viteri Naranjo
La empatía y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad, no son conceptos abstractos o meras frases de campaña; son pilares fundamentales de una sociedad verdaderamente democrática e inclusiva. En Ecuador, como en muchos países del mundo, estos principios están consagrados tanto en la legislación nacional como en instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado ha ratificado; sin embargo, su aplicación cotidiana aún enfrenta desafíos, como lo revela un caso reciente en un centro de educación inicial, donde una madre decidió retirar a su hijo porque se ha aceptado a un niño con síndrome de Down. Este suceso nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras actitudes, prejuicios y el imperativo ético y legal de garantizar la inclusión real de todas las personas, sin excepción.
La Constitución de la República del Ecuador reconoce la dignidad humana como base de los derechos y libertades, e incluye expresamente la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Asimismo, leyes específicas y políticas públicas orientan la educación inclusiva como un derecho de todos los niños y niñas, en un marco que reconoce la diversidad como valor. A nivel internacional, instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ratificada por Ecuador, establecen obligaciones claras para los Estados: garantizar una educación inclusiva y eliminar prejuicios que excluyen o segregan a quienes tienen discapacidad.
A pesar de este marco normativo, el acto de retirar a un niño de un centro educativo por miedo o rechazo hacia otro niño con síndrome de Down refleja una brecha entre la normativa y las actitudes sociales. La madre, en este caso específico, argumentó que no quería que su hijo “se relacione” con un niño con esa “condición”. Este tipo de acciones, aunque se den desde el miedo o la ignorancia, no solo vulneran los derechos del niño con síndrome de Down a acceder y permanecer en un entorno educativo regular, sino que también privan a todos los niños de la oportunidad de aprender la empatía, la convivencia y la diversidad como experiencias humanas fundamentales.
La empatía no se enseña únicamente con palabras, sino con acciones y vivencias cotidianas; en el aula diversa, los niños aprenden a reconocer las diferencias, a comunicarse con respeto, a compartir, a cooperar y a valorarse mutuamente. Lejos de ser una “carga”, la diversidad enriquece los procesos de aprendizaje y fortalece habilidades socioemocionales esenciales para la vida. Que un niño conviva con compañeros de distintas capacidades es, en realidad, una oportunidad para construir una sociedad más justa y humana.
La educación inclusiva no es un favor que se hace a unas pocas personas; es un derecho reconocido y un deber social. Excluir a un niño por temor a lo diferente reproduce estigmas y perpetúa barreras. Las instituciones educativas, por su parte, tienen la responsabilidad de promover entornos seguros y respetuosos, apoyando tanto a las familias como al alumnado en procesos de sensibilización y acompañamiento, para que la inclusión sea una realidad y no solo un principio escrito.
Se debe trabajar colectivamente: familias, educadores, autoridades y comunidades para fortalecer la empatía como una práctica diaria; reconocer al otro como un igual en dignidad, con sus particularidades, es la base para construir relaciones humanas más justas.
¡Respetar los derechos de las personas con discapacidad, es respetar la humanidad que nos une a todos!
