La dolarización cumple 20 años en Ecuador

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El dolar, moneda norteamericana que el Ecuador adoptó desde el 2000.

En el gobierno de Jamil Mahuad se inició dicha dolarización en 1999. Una de las grandes polémicas respecto de la dolarización ecuatoriana, no sólo fue la pérdida de soberanía monetaria, sino el tipo de cambio bajo al que se la adoptó, a 25 mil sucres el dólar estadounidense.

En enero 9 del 2000, el expresidente de la República, Jamil Mahuad, impuso la dolarización para evitar que el tipo de cambio del sucre con el dólar siga subiendo sin control gubernamental y provoque un efecto inflacionario negativo para la economía del país, aumentando la tasa de interés y los precios de bienes, productos y servicios, convirtiendo a los inversionistas en especuladores del mercado, ya que el riesgo de especular era menor que el de invertir con una moneda tan devaluada como el sucre.

La inestabilidad monetaria y la falta de credibilidad en el sucre repercutieron en la solvencia del sistema financiero del país, como fue el deterioro de los sueldos, salarios, pensiones, entre otros, lo que afectó más a la clase social media baja. La dolarización ecuatoriana (criolla), implementada a un tipo de cambio de 25.000 sucres por cada dólar, favoreció directamente a los grandes deudores de la banca en el país, y perjudicó a la clase trabajadora y jubilada; a los primeros, sus deudas en sucres casi desaparecieron en dólares, mientras que a los segundos su jubilación mensual quedó reducida a 4 dólares, lo que empobreció más su nivel de vida.

Nuestra dolarización (mixta) no es totalmente con moneda norteamericana, y no está sustentada en la Constitución de la República. Los billetes son norteamericanos, pero la moneda fraccionaria -en parte- es ecuatoriana; y a pesar de estar dolarizada, la economía del país sufre devaluaciones parecidas a las que tuvo el sucre. Es decir que desapareció la desvalorización del sucre ante el dólar, pero el dólar -aunque es una moneda fuerte y dura- se devalúa ante el mercado de bienes, productos y servicios, porque no existe un adecuado y eficiente control de la producción ni de los niveles de precios, que permita al Estado regular los niveles de producción y de precios de los sectores privado y público. (16)

 

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