Por: José Alvear C.
Nuevamente, al igual que la pesadilla vivida hace dos años atrás, ahora el atentado contra el senador y precandidato a la Presidencia de Colombia por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, constituye un hecho alarmante que sacude las bases de nuestra democracia en Latinoamérica, en un hermano país marcado por décadas de violencia política.
El nieto de Julio César Turbay Ayala, expresidente de Colombia (entre 1978 y 1982) recibió seis balazos y se encuentra en estado crítico tras una cirugía y su victimario, un menor de 15 años, quien fue arrestado minutos después.
El ataque ocurrido durante un mitin improvisado en un parque de Bogotá, capital de Colombia, no solo representa una agresión contra una figura pública, sino también contra la institucionalidad y el debate democrático. Uribe Turbay, conocido por sus posturas firmes y su rol en la oposición, simboliza una voz crítica que, aunque polémica para algunos, debió ser protegida por el Estado.
Su madre fue Diana Turbay, una periodista secuestrada y asesinada en 1991 durante una operación de rescate por narcotraficantes del Cartel de Medellín bajo el mando de Pablo Escobar. Cuando la madre del político colombiano fue asesinada, el país vecino vivía uno de los más violentos con el asesinato de varios candidatos presidenciales.
Ahora, el atentado de Uribe Turbay nos recuerda que el ejercicio político en Colombia sigue siendo una labor de alto riesgo. Resulta inaceptable que, en pleno siglo XXI, las ideas se pretendan silenciar con violencia.
Este tipo de mecanismos en la región deben frenarse a raya y los gobiernos de turno en los distintos países deben garantizar la seguridad de todos los líderes políticos, sin distinción ideológica.
Rechazar la violencia y defender el disenso es un imperativo. Solo así podremos construir países en los que el miedo no determine el rumbo del poder ni la voz de sus ciudadanos.
