La caída del régimen de Nicolás Maduro y su actual condición de exmandatario detenido en territorio de Estados Unidos constituye un punto de inflexión histórico para Venezuela y para el equilibrio político de América Latina. Más allá del impacto simbólico, este hecho debe leerse como la convergencia de fracaso estructural interno y presión internacional sostenida, con consecuencias que trascienden el caso venezolano.
Desde el plano interno, el colapso del régimen confirma el agotamiento definitivo del modelo chavista. La combinación de autoritarismo, destrucción institucional, colapso económico y ruptura del contrato social erosionó de manera irreversible las bases de gobernabilidad. Cuando un sistema depende casi exclusivamente de coerción y rentas externas, pierde capacidad de supervivencia en el momento en que ambas se debilitan. La caída no fue repentina: fue el desenlace lógico de un Estado incapaz de garantizar estabilidad, servicios básicos y legitimidad política.
En el plano internacional, la detención de Maduro en Estados Unidos marca un cambio cualitativo en la doctrina de rendición de cuentas aplicada a exjefes de Estado acusados de delitos graves. No se trata únicamente de justicia penal, sino de un mensaje geopolítico: la inmunidad de facto que durante décadas protegió a líderes autoritarios en la región ha dejado de ser absoluta. Washington pasa de la sanción económica y diplomática a la judicialización directa del poder político.
Este hecho también redefine el rol de Estados Unidos en el hemisferio. Más que un actor intervencionista tradicional, aparece como árbitro jurídico-político en ausencia de instituciones regionales eficaces. La OEA, UNASUR y otros mecanismos demostraron su incapacidad para resolver la crisis venezolana; el vacío fue llenado por tribunales y sistemas judiciales externos. Esto abre un debate profundo sobre soberanía, pero también sobre la responsabilidad internacional frente a crímenes de Estado.
Para Venezuela, el desafío apenas comienza. La caída del régimen y la judicialización de su líder no equivalen automáticamente a la reconstrucción institucional. El país enfrenta una transición compleja, marcada por la necesidad de reconstruir confianza, restablecer el Estado de derecho y redefinir su inserción internacional.
