La supuesta venta fraudulenta de una vivienda en Riobamba llevará a juicio a su presunto responsable. La Fiscalía sostiene que el acusado habría comercializado un inmueble que no le pertenecía, configurando un delito de estafa que ahora entra en la etapa decisiva del proceso penal, con suficientes elementos de convicción para sustentar la acusación.
Según la investigación, el procesado habría causado un perjuicio económico de 5.000 dólares a una pareja de esposos, quienes confiaron en la supuesta legalidad de la transacción y entregaron el dinero como anticipo para la compra de una vivienda.
De acuerdo con el relato fiscal, los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando las víctimas fueron contactadas por Irving T., quien se presentó como representante legal de una agencia inmobiliaria. El inmueble ofertado estaba ubicado en la ciudadela Pucará, uno de los sectores residenciales de Riobamba, y su precio total habría sido fijado en 37.000 dólares.
Convencidos por la oferta y la aparente formalidad del negocio, los esposos entregaron 5.000 dólares en efectivo como adelanto del valor acordado. La transacción se habría realizado en las oficinas de la inmobiliaria, lo que reforzó la confianza de los compradores y disipó, en ese momento, cualquier sospecha. Con el pasar de los días, la pareja comenzó a notar irregularidades.
La entrega de documentos y el avance del trámite se postergaban sin explicaciones claras. Ante los reclamos, el ahora procesado dejó de contestar llamadas y mensajes, desapareciendo del contacto con los afectados.
Al verificar la situación legal del inmueble, las víctimas habrían descubierto que la vivienda no pertenecía al ofertante ni existía autorización alguna para su venta. Este hallazgo motivó la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, dando inicio a la investigación penal.
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano No. 1 expuso el dictamen acusatorio y anunció un conjunto de pruebas que serán presentadas en la etapa de juicio. Entre ellas constan los testimonios de las víctimas, la denuncia formal, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, los registros de movimientos bancarios y el certificado de datos de identificación del acusado.
La Fiscalía también informó que Irving T. enfrenta otros procesos penales por el mismo delito, lo que, según el ente acusador, evidenciaría un posible patrón de conducta reiterada en perjuicio de terceros. El delito de estafa, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, sanciona a quienes, mediante engaños o falsas promesas, obtienen un beneficio económico causando daño patrimonial. De comprobarse la responsabilidad penal del acusado, podría enfrentar una pena privativa de libertad.
MEDIDAS
Al finalizar la diligencia, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva contra el procesado, así como la retención de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes por un monto de hasta 10.000 dólares. Estas disposiciones buscan asegurar la comparecencia del acusado al juicio y garantizar una eventual reparación integral a las víctimas.
