La investigación por presuntos actos de corrupción dentro de la función judicial sumó un nuevo y contundente episodio en Chimborazo. Este 24 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, ejecutó un amplio operativo que incluyó seis allanamientos en Riobamba, dirigidos a domicilios de exfuncionarios judiciales y de una exjueza, en el marco de una investigación por el presunto delito de cohecho.
Las diligencias formaron parte de una operación simultánea desarrollada también en Ambato, donde se realizaron dos allanamientos adicionales.
En total, fueron ocho inmuebles intervenidos por las autoridades, como parte de una indagación penal previa que busca esclarecer posibles irregularidades cometidas desde el interior del sistema judicial.
Desde las primeras horas del día, equipos especializados de la Fiscalía y la Policía se desplegaron en distintos sectores de Riobamba, donde intervinieron viviendas vinculadas a exservidores judiciales que habrían tenido participación directa o indirecta en los hechos investigados.
Entre los inmuebles allanados constó la casa de una exjueza que ejerció funciones en la provincia de Chimborazo.
Las autoridades actuaron bajo estrictas medidas de reserva, debido a que el proceso se encuentra en fase de investigación previa.
El objetivo principal de los allanamientos fue la localización y aseguramiento de indicios que permitan establecer responsabilidades penales y reconstruir la presunta estructura de cohecho.
Durante los registros, los agentes levantaron varios elementos considerados clave para la investigación. Entre los indicios constan computadoras, teléfonos celulares, documentos y dinero en efectivo, cuyo origen y posible relación con actos ilícitos será determinado a través de pericias técnicas y financieras.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no ha precisado el monto del dinero incautado ni el número exacto de personas que estarían siendo investigadas.
Tampoco se ha informado si, tras los allanamientos, se procederá a la formulación de cargos, aunque no se descarta que en los próximos días se ejecuten nuevas diligencias.
El caso se enmarca en el presunto delito de cohecho, tipificado como una infracción contra la administración pública.
Este delito se configura cuando un funcionario, en ejercicio de su cargo o incluso después de haberlo dejado, recibe, solicita o acepta beneficios económicos, dádivas o promesas a cambio de favorecer a un tercero en decisiones propias de su función.
Justicia bajo investigación
Los allanamientos ejecutados en Riobamba se suman a una serie de procesos penales y disciplinarios que, en los últimos años, han puesto bajo constante observación al sistema judicial ecuatoriano.
Destituciones, suspensiones, sentencias condenatorias y cuestionamientos patrimoniales a jueces y fiscales han evidenciado una problemática estructural que las autoridades buscan enfrentar a través de investigaciones penales y acciones de control.
