Por: Rodrigo Contero P.
Todos los gobiernos destinan ingentes recursos para contener las enfermedades que afectan a sus poblaciones y que requieren atención inmediata para evitar consecuencias nefastas. Según la OMS, millones de personas sufren depresión, ansiedad, demencia y otros problemas asociados con la edad, y Ecuador no es ajeno a esta realidad. Si a ello sumamos la falta de atención médica, la escasez de medicinas, pensiones de jubilación insuficientes para sobrevivir, la ausencia de programas de rehabilitación, terapia ocupacional y recreación, el panorama para las personas de la tercera edad en el país resulta alarmante.
Desde hace muchas décadas no existe un consenso para reformar el IESS. Los gobiernos de turno han planteado modernizarlo, corregir sus graves deficiencias administrativas y financieras, mejorar la calidad y eficiencia de sus servicios, ampliar su cobertura y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Existen disposiciones legales y fundamentos técnicos que buscan proteger a los trabajadores y jubilados ante las contingencias que puedan afectar el equilibrio económico de sus ingresos y el bienestar de sus familias.
La Seguridad Social es un conjunto de garantías técnicas y legales diseñadas para ofrecer igualdad de oportunidades y bienestar al grupo familiar, abordando necesidades de vivienda, educación, cultura y trabajo, liberando al ciudadano del temor frente a cualquier contingencia. Las Naciones Unidas lo sintetiza claramente: no hay justicia social sin Seguridad Social. Sin embargo, los desequilibrios del IESS impiden que trabajadores y jubilados reciban protección real ante la enfermedad, la vejez o la disminución de su capacidad productiva.
El cálculo actuarial establece la proyección de la supervivencia de las personas y el manejo adecuado de los fondos de los afiliados. Los aportes deben acumularse y administrarse con responsabilidad para garantizar el pago de pensiones, la atención médica de asegurados y jubilados y evitar un futuro desfinanciamiento.
La pregunta es inevitable: ¿resulta tan difícil aplicar correctamente este sistema y garantizar el bienestar de quienes sostienen, con su trabajo y aportes, la Seguridad Social del país?
