La hipertrofia institucional en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) se ha convertido en una amenaza directa al desarrollo del país.
No se trata solo de estructuras sobredimensionadas: es un modelo que devora recursos, absorbe la mayor parte del presupuesto en gasto corriente y deja a la inversión —el verdadero motor territorial— reducida a migajas. El problema es claro. Durante una década, entre 2013 y 2023, los GAD representaron en promedio el 11,9% del gasto total del Sector Público No Financiero, pero gran parte de ese gasto se destinó al funcionamiento: sueldos, consultorías, operatividad interna.
La proporción dedicada a inversión fue significativamente menor, revelando un diseño fiscal que prioriza sostener la estructura, no transformarla.
Esta distorsión se profundiza en un contexto fiscal crítico. En el primer semestre de 2025, el gasto público nacional aumentó 16%, mientras los ingresos se estancaron. Buena parte de ese incremento provino de gastos rígidos —salarios, pensiones, transferencias— que también alimentan el gasto corriente de los GAD. Resultado: menos liquidez, menos margen de inversión, más hipertrofia. A este panorama se suma una alarma institucional: en febrero de 2026, la Asamblea debatió la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, que busca obligarlos a destinar 70% a inversión y solo 30% a gasto corriente. La razón es contundente: el gasto corriente se ha convertido en un “despilfarro”, desviado hacia conciertos, marketing y consultorías sin impacto real.
La fotografía fiscal es devastadora. En 2025, la Función Ejecutiva ejecutó apenas 16,20% de su inversión en el primer semestre: un síntoma de cómo la inversión es la primera víctima cuando la burocracia consume casi todo el presupuesto. Los GAD replican esta misma lógica, atrapados entre dependencia financiera, estructuras infladas y presiones operativas.
La hipertrofia no es un problema técnico: es un obstáculo político y económico que está amputando la capacidad de desarrollo territorial. Mientras el gasto corriente siga creciendo sin control, Ecuador seguirá pagando nóminas, no futuro; sosteniendo oficinas, no obras; alimentando una burocracia que consume energía, recursos y oportunidades.
El país necesita evolucionar, y en esa evolución escalar: menos aparato, más inversión; menos burocracia, más territorio. De lo contrario, los GAD seguirán siendo organismos cada vez más grandes, con más conciertos, farra y despilfarro; pero con un impacto social cada vez más débil y pequeño.
