Por: Alfonso Espín
El profesor y jurista austríaco, Hans Kelsen, determinó la llamada pirámide jurídica, en la que se categorizaron a las diferentes normas de un Estado, colocando en la cima a la Constitución, como ley suprema, sobre la cual no puede estar ninguna otra, llámese ley orgánica, reglamento y peor aún ordenanza.
Esta jerarquización de las normas que le da la preminencia a la Constitución, sirve para garantizar el orden jurídico en un Estado democrático de Derecho, pues la “Carta Magna” es un conjunto de principios que orientan el pensamiento fundamental de una nación.
En ella deben consagrarse, a partir de lo que es un pueblo, de su cultura, tradiciones y necesidades, las bases ideológicas y las creencias de una nación, pero desgraciadamente la de Montecristi, fue hecha a partir de un molde traído desde España, por unos ideólogos socialistas, que fueron amparados por el gobierno de Correa, y que hicieron lo mismo en varios países latinoamericanos como Venezuela y Bolivia.
La Constitución de 2008, que es la número 20 en la historia republicana del país fue redactada al antojo del mandatario de Rafael Correa, con la asesoría de la extrema izquierda española y de Hugo Chávez, que se las daba de comandante comunista en esa época, y por eso expresa un hiperpresidencialismo aberrante, como para que el primer mandatario haga y deshaga a gusto y paciencia.
Hay varios elementos estructurales viciados y sesgados en esta Constitución de Montecristi: la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, organismos que se han convertido en botines políticos de mañosería en el nombramiento de autoridades, jueces y en pos de la impunidad de personajes oscuros, vinculados al gobierno de Alianza País, como se llamaba en ese entonces el movimiento de Correa, hoy RC5, y que recién en estos tiempos se han ido destapando las picardías y delitos cometidos por sus integrantes.
Por otro lado, la Constitución de 2008, concedió inmensas atribuciones a la Corte Constitucional, lo que le ha convertido a ese organismo en el culmen de la alcurnia legal, que no conoce Dios ni ley, y cuyas acciones también se han pervertido por la afinidad política de algunos de sus miembros con el mandatario de esos tiempos.
La Carta Magna de Montecristi habla de “soberanía” como un principio máximo, cuando la receta no es nacional y se va en contra de las posibilidades de desarrollo económico empresarial, otorgándole al Estado toda atribución, aun en contra del perjuicio del despegue económico.
El principio de ciudadanía universal, incorporado en la Carta Magna de Montecristi, constituye un nuevo paradigma que procura la libre movilidad humana sin fronteras, a cuya celebración se obviaron los pasados judiciales de tanto migrante, por lo que ingresaron quienes no debían y hoy vivimos un clima atroz de violencia en el país.
A nombre de “derechos humanos” varias normas de la Constitución favorecen a los delincuentes, poniéndoles a buen recaudo, con medidas sustitutivas en lugar de apresarlos por las faltas cometidas.
Definitivamente necesitamos una nueva Constitución, redactada con libertad y honestidad, por ecuatorianos de bien y probidad acreditada, que piensen en las necesidades, condiciones y cultura nuestras, tarea en la que debemos mirar la trayectoria profesional, académica y ética de quienes integren la asamblea constituyente, para consolidar un documento funcional y a medida de lo que necesita el pueblo nacional y, francamente, los jovencillos politiqueros y peor aún los amantes de socialismo del siglo XXI, no deben ser parte de este cometido.
