La reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización ha encendido alertas entre los gobiernos parroquiales del país, que advierten posibles recortes en sus ingresos y limitaciones para ejecutar obras comunitarias. Así lo expresó David Meza, presidente de la Junta Parroquial de Río Tigre y dirigente de la CONAGOPARE, quien señaló que estas entidades serían las más afectadas por la modificación normativa.
Según Meza, con la entrada en vigencia de la reforma impulsada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, los gobiernos parroquiales dejarían de percibir aportes económicos provenientes de municipios y gobiernos provinciales, recursos que anteriormente se asignaban mediante ordenanzas locales. En el caso de la parroquia Río Tigre, la reducción alcanzaría aproximadamente 300.000 dólares anuales.
El dirigente detalló que hasta 2025 la junta parroquial recibía alrededor de 175.000 dólares del Municipio y cerca de 100.000 dólares del gobierno provincial, montos que permitían financiar proyectos de agua potable, saneamiento ambiental, centros de acopio y mantenimiento de caminos vecinales, obras consideradas prioritarias para la población.
Con la nueva disposición, estas iniciativas quedarían en suspenso o requerirían replanteamiento, lo que obligaría a modificar el Plan Operativo Anual (POA) de la institución. Meza indicó que la ausencia de estos fondos compromete la capacidad de respuesta de los gobiernos parroquiales frente a las necesidades básicas de sus comunidades. Asimismo, explicó que el presupuesto que reciben directamente del Gobierno central asciende a unos 180.000 dólares anuales, cifra que calificó como insuficiente para cubrir las demandas territoriales, especialmente en zonas rurales y amazónicas con limitaciones de acceso y altos costos logísticos.
Finalmente, el dirigente manifestó que la parroquia Río Tigre no ha recibido visitas recientes de instituciones del Ejecutivo desconcentrado, por lo que reiteró el llamado a las autoridades nacionales para evaluar los efectos de la reforma y garantizar mecanismos de financiamiento que permitan sostener el desarrollo local y la ejecución de obras comunitarias.
