FRAUDE
Lo que comenzó como un descuido terminó convirtiéndose en un caso penal que, casi un año después, vuelve a poner a Alausí en el centro del debate sobre la vulnerabilidad de los sistemas de débito y la rapidez con la que los delincuentes aprovechan cualquier oportunidad.
El extravío de una cédula y una tarjeta bancaria, que para muchos podría parecer un percance menor, desencadenó una serie de movimientos financieros no autorizados que derivaron en la pérdida de casi USD 4.000 y en la apertura de un proceso judicial en la provincia de Chimborazo.
El 22 de diciembre de 2024, un ciudadano caminaba por la avenida 5 de Junio, una de las zonas de mayor movimiento comercial del cantón. Entre la prisa, las compras y el flujo de personas, no advirtió que había extraviado su cédula de identidad y una tarjeta de débito.
Horas más tarde, mientras estaba en su domicilio, empezaron a llegarle notificaciones bancarias que lo alertaban sobre movimientos inusuales en su cuenta. Cuando intentó comunicarse con la entidad financiera, ya era demasiado tarde: casi USD 4.000 se habían esfumado.
Las transacciones electrónicas tenían un mismo destinatario: Leidy M., quien ahora enfrenta un proceso penal por el presunto delito de apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Según el expediente, la afectación se consumó en cuestión de minutos.
Una vez extraviados los documentos, el sistema bancario registró varias operaciones hasta completar USD 3.971 en transferencias electrónicas no autorizadas. El perjudicado aseguró que no solo perdió dinero, sino estabilidad emocional: “Todo fue de golpe. No sabía cómo habían accedido a mi tarjeta”, detalló durante su testimonio.
La Fiscalía sostiene que la sospechosa habría aprovechado el extravío para ejecutar la transferencia sin consentimiento. Para los investigadores, la coincidencia entre el hallazgo de los documentos y el flujo de dinero saliente es uno de los elementos más relevantes del caso.
Aunque el ciudadano presentó la denuncia en diciembre de 2024, el caso obtuvo impulso judicial recién el 25 de noviembre de 2025, cuando el Ministerio Público inició formalmente la instrucción fiscal. En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó un conjunto de elementos que buscan sustentar la participación de la implicada.
Entre los indicios incorporados al proceso constan el testimonio detallado de la víctima sobre el extravío de sus documentos y los movimientos inusuales detectados en su cuenta; el informe técnico del reconocimiento del lugar donde habrían caído la cédula y la tarjeta; la denuncia formal junto con las alertas emitidas por la entidad financiera; el historial completo de movimientos bancarios, con fechas, horas y montos exactos; y los certificados de identificación que vinculan el número de la transferencia con la persona investigada.
Para la Fiscalía, la ruta del dinero es clara y permite establecer una relación directa entre la pérdida de la tarjeta y la presunta apropiación del monto debitado.
Tras escuchar los argumentos, el Juez de Garantías Penales decidió imponer medidas alternativas a la prisión, entre ellas la obligación de que la procesada se presente cada ocho días ante la autoridad competente.
La instrucción fiscal se extenderá durante 90 días, periodo en el que se prevé realizar peritajes informáticos, solicitar nuevos informes bancarios y convocar a testigos adicionales. Puede enfrentar pena de uno a tres años de prisión, de comprobarse la responsabilidad.
