El fiscal general subrogante de Fiscalía General del Estado Ecuador, Leonardo Alarcón, aseguró que las investigaciones denominadas “Goleada” y “Triple A” se desarrollan bajo criterios técnicos y jurídicos, descartando que respondan a motivaciones políticas.
Alarcón explicó que el caso “Goleada” se encuentra en etapa de instrucción fiscal y analiza la presunta existencia de una estructura vinculada a delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y fraude tributario. En este contexto, la Fiscalía continúa con la recopilación de indicios y la ejecución de diligencias investigativas destinadas a sustentar la hipótesis planteada por el ente acusador.
En contraste, el proceso “Triple A” ya avanzó a la fase de juicio, luego de superar la revisión judicial correspondiente. Esta causa está relacionada con el supuesto tráfico de hidrocarburos y almacenamiento ilegal de combustible, actividades que, según la normativa penal, generan perjuicios económicos y afectan la cadena de comercialización regulada de combustibles en el país.
El fiscal subrogante detalló que las figuras penales investigadas implican responsabilidades diferenciadas. La delincuencia organizada contempla la conformación de grupos estructurados para cometer delitos de forma reiterada; el lavado de activos sanciona la inserción de recursos ilícitos en el sistema financiero; mientras que el fraude tributario penaliza la evasión fiscal. Por su parte, el tráfico de hidrocarburos se configura como una infracción que impacta el control estatal sobre este sector estratégico.
Alarcón también se refirió a otras investigaciones relevantes, entre ellas las relacionadas con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quien enfrenta dos procesos: uno por presunto tráfico de influencias en primera instancia y otro que se tramita en segunda instancia bajo competencia del fiscal general. Asimismo, adelantó que en el caso del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio se prevé la emisión de un dictamen mixto, que implicaría acusación para ciertos procesados y abstención para otros./El Comercio
