Por: Wellington Toapanta
A propósito de la prisión preventiva de Aquiles Alvarez, para investigación por lavado de activos, el correísmo retomó su perorata de persecución política, que ha sido afectado el Estado de derecho.
Principio general es que cuando el sistema judicial tiene indicios de delincuencia organizada, en el caso conexa con lavado de activos y defraudación tributaria, se persigue, con reglas, sin diferenciar estatus, a sospechosos. En el caso Goleada, entre otros, con prisión preventiva, está un sospechoso revestido de político, el alcalde de Guayaquil; el proceso lo dilucidará.
Goleada se adiciona al caso Triple A, por el que Alvarez tiene medidas cautelares, como uso de grillete electrónico. El SNAI registra 2.769 alertas y alarmas. En el allanamiento los agentes observaron que el sindicado incumplía esta medida. Estaba a horas de gozar licencia de 15 días; sumó sospechas.
Tras el operativo judicial, el Alcalde de Quito vociferó y reclamó que “el Estado de derecho debe prevalecer”. Cinismo puro; refunde su desempeño de “enlace” como Subsecretario de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática de la Senplades con la Constituyente del 2008, la que extirpó del Ecuador el Estado de derecho.
La Academia dice que el Estado de derecho “garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial”. La Constituyente destruyó el precepto: no consagra igualdad ante la ley, la discrimina con la llamada justicia indígena, creó artificios para enervar y obstaculizar procesos, como el caso Triple A con 13 audiencias fallidas por instituidos efugios. Es el vigente Estado de derechos y justicia.
La Constitución fija derechos que limitan al Gobierno aprovechar recursos naturales, contrae bienestar, ingresos fiscales, pero obliga a financiar subsidios disfrazados de derechos sociales. La Carta tutela inseguridad jurídica. Falaces quejas correistas, inmoladores del Estado de derecho.
