JUSTICIA
Una audiencia cargada de evidencias y argumentos jurídicos terminó por definir el rumbo del caso que involucra a Byron A., quien ahora deberá enfrentar un juicio penal por presunto tráfico ilícito de drogas en alta escala. La decisión fue adoptada por el Juez de Garantías Penales, luego de acoger el dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía General del Estado.
Durante la diligencia, el magistrado también ratificó la prisión preventiva del procesado, al considerar que existen elementos suficientes que justifican su permanencia en un centro de detención mientras se desarrolla la siguiente fase del proceso. La investigación nació a partir de información reservada manejada por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional (Fedoti).
Según la Fiscalía, reportes confidenciales y técnicas especiales de investigación permitieron identificar un inmueble ubicado en el sector de las calles Eslovenia y Portugal, en el norte de Riobamba, donde se estaría almacenando droga para su posterior distribución. Con estos indicios, la mañana del 23 de julio de 2025 se ejecutó un operativo de allanamiento. Equipos de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía irrumpieron en la vivienda, encontrando en uno de los dormitorios una funda que, según el parte policial, contenía varias sustancias sujetas a fiscalización.
El informe de criminalística detalla que dentro del inmueble se halló: 608 gramos de marihuana, 32 gramos de pasta base de cocaína, 3 gramos de clorhidrato de cocaína, 2 gramos de LSD, además de una balanza digital, un teléfono celular, dinero en efectivo y otros indicios. El material fue trasladado para su pesaje y verificación, cuyo resultado también consta en el expediente. Debido al hallazgo, el sospechoso fue aprehendido en delito flagrante.
La fiscal del caso incorporó esta evidencia, junto con las versiones de los agentes actuantes, el reconocimiento del lugar de los hechos y el acta de pesaje, como parte del anuncio probatorio presentado ante el juez. El delito que se investiga está tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal c, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referente al tráfico de sustancias en alta escala, cuya sanción va de 19 a 22 años de prisión.
