PROTESTAS
Veinticuatro días de protestas, carreteras bloqueadas, enfrentamientos entre policías y ciudadanos y algunas ciudades paralizadas. Ecuador atraviesa uno de los momentos críticos de su historia reciente. Lo que comenzó como un reclamo económico terminó convirtiéndose en una crisis que ha puesto en jaque la estabilidad del Gobierno, ha tensado las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, y ha dejado a ciudadanos atrapados entre la incertidumbre y el miedo.
El 13 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció la eliminación del subsidio al diésel, un beneficio que por décadas había sostenido las economías rurales y el transporte pesado. El galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, un incremento que, según el Gobierno, buscaba reducir el gasto público, controlar el contrabando y equilibrar las cuentas fiscales.
Para campesinos, transportistas y pequeños comerciantes, el alza fue un golpe directo a su sustento diario. “No es solo el combustible, es todo lo que se encarece detrás de él: los alimentos, el transporte, la vida misma”, declaró un productor agrícola de Cotopaxi durante una asamblea local.
En cuestión de días, el malestar se transformó en movilización. Desde las comunidades del norte del país, las protestas se extendieron hacia el centro y la Costa, con epicentros en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Cañar y Chimborazo. Las calles volvieron a llenarse de consignas, banderas y bloqueos. Ecuador revivía escenas que recordaban a los levantamientos de 2019 y 2022. El paro nacional se consolidó con el cierre de vías principales, tomas simbólicas de instituciones y enfrentamientos con la fuerza pública.
La Panamericana, arteria vital del país, amaneció bloqueada en varios tramos, mientras decenas de camiones quedaron varados durante días. En Quito, los alrededores de la Casa de la Cultura y del Parque El Arbolito se convirtieron nuevamente en epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines. El 14 de octubre, siete carreteras en Imbabura continuaban cerradas.
En la Sierra central, sectores como Guaranda, Colta, Guamote y Riobamba vivían jornadas intermitentes de tensión. Los convoyes militares enviados para despejar los bloqueos fueron recibidos con piedras y palos, mientras el olor del gas lacrimógeno cubría las zonas de protesta.
En tres semanas, los enfrentamientos han dejado una persona fallecida, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos, según reportes de la Defensoría del Pueblo. El Gobierno insiste en que las fuerzas del orden actúan “dentro del marco legal”, pero organizaciones de derechos humanos denuncian uso excesivo de la fuerza.
Desde Carondelet, el presidente Noboa mantiene una posición firme: no revertirá la medida. Argumenta que el subsidio era “insostenible” y que su eliminación es parte de un plan de austeridad nacional. “El país no puede seguir financiando la informalidad y el contrabando.
Hay que mirar al futuro”, declaró en cadena nacional el 10 de octubre. Sin embargo, el mensaje no logró calmar el ambiente. El Ejecutivo decretó estado de excepción en diez provincias, restringiendo el derecho a la reunión y autorizando la presencia militar en zonas de conflicto.
