PENSIONES
El Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) oficializó la Tabla de Pensiones Alimenticias 2026, instrumento legal que regula los montos mínimos que pueden fijarse en los procesos judiciales relacionados con la manutención de niñas, niños y adolescentes en el país.
La actualización se realizó en cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia y tiene como objetivo principal garantizar la protección integral de los menores de edad, sin dejar de considerar la capacidad económica real del alimentante, con base en indicadores oficiales.
La tabla sirve como referencia obligatoria para juezas y jueces de las unidades de familia, niñez y adolescencia, quienes la utilizan para establecer el valor mínimo de la pensión que puede ser solicitada por la parte demandante, de acuerdo con la edad del menor, número de hijos y nivel de ingresos del obligado al pago.
Desde el MDH se destacó que este mecanismo permite estandarizar criterios, reducir márgenes de discrecionalidad y fortalecer la seguridad jurídica dentro de los procesos judiciales, favoreciendo resoluciones más ágiles y equitativas.
Para el cálculo de los valores mínimos correspondientes a 2026 se tomó como referencia el Salario Básico Unificado (SBU), fijado por el Ministerio de Trabajo en USD 482, al que se añadió el índice de inflación anual de diciembre de 2025, que alcanzó el 1,91%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
De acuerdo con la cartera de Estado, estos factores permiten que los montos establecidos reflejen de forma más precisa el costo de vida y la situación económica nacional, evitando desfases frente a la realidad financiera de las familias ecuatorianas.
El detalle completo de la Tabla de Pensiones Alimenticias 2026, incluidos los rangos porcentuales, parámetros por edad y condiciones especiales, se encuentra disponible para la ciudadanía en la página web oficial del Ministerio de Desarrollo Humano.
Las autoridades recomendaron a padres, madres y representantes legales informarse a través de canales oficiales antes de iniciar procesos judiciales o solicitar actualizaciones en los valores fijados anteriormente, recordando que cada caso es analizado de manera individual por los operadores de justicia.
