POLÍTICA
La accidentada sesión de la Comisión de Fiscalización donde se archivó el juicio político a la fiscal general Diana Salazar genera secuelas. El correísmo presentó formalmente quejas contra otros legisladores.
Paola Cabezas pidió sanción contra Inés Alarcón, del oficialismo, por presentar la acción de protección contra la Asamblea que obligó a retomar los juicios a exministros del anterior Gobierno.
César Umajinga, también de ADN, tiene una queja por un supuesto conflicto de interés en la votación para archivar el juicio. El correísmo asegura que al tener una investigación previa en Fiscalía, él debía abstenerse de votar.
Mientras, la correísta Jhajaira Urresta pide sanción contra el exsocialcristiano Lenin Rogel por haber incitado la sesión del lunes 9 de septiembre en la Comisión de Fiscalización.
El legislador no participó en los gritos ni interferencias dentro de la mesa. Es acusado de exacerbar la actuación de los miembros de la Comisión con su voto, que fue en blanco para acatar el dictamen judicial y en contra de la calificación del juicio político a la Fiscal.
Estas denuncias deben ser tratadas por la Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde el correísmo y el Partido Social Cristiano tienen mayoría.
Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización aún no ha sido convocada para retomar los dos juicios políticos pendientes a exfuncionarios de Guillermo Lasso.
El proceso contra Sebastián Corral fue archivado nuevamente y la mesa debe resolver el juicio contra Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior, cuya proponente retiró el pedido. Además, el juicio contra el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena. La proponente está a la espera para entregar nuevas firmas./El Telégrafo
