EERSA socializó Decreto Ejecutivo 32 y anunció fideicomiso

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RIOBAMBA

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA) socializó este 23 de diciembre, los alcances del Decreto Ejecutivo N.º 32, emitido el 15 de junio de 2025, que dispone la creación obligatoria de un fideicomiso tarifario para administrar los recursos provenientes de la venta de energía eléctrica, con el fin de garantizar el pago oportuno a los generadores y fortalecer la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Socialización del Decreto Ejecutivo N.º 32 y el proceso de constitución del fideicomiso tarifario de la EERSA.

La jornada de socialización contó con la presencia Tony Coronel, gerente general de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., de los principales accionistas de la empresa, entre ellos John Vinueza, alcalde de Riobamba; Remigio Roldán, alcalde de Alausí; y Oswaldo Estrada, alcalde de Guano, quienes conocieron de primera mano los alcances técnicos, financieros y normativos de la reforma dispuesta por el Ejecutivo.

Durante la exposición, las autoridades explicaron que el fideicomiso concentrará los ingresos mensuales por la recaudación del servicio de energía eléctrica y alumbrado público, que en promedio oscilan entre USD 3,2 millones y 3,4 millones. Estos recursos serán destinados prioritariamente al pago de la energía adquirida, conforme al orden de prelación establecido en la normativa vigente. Se precisó que los costos de generación y transmisión privada constituyen la primera responsabilidad de pago, seguidos por los costos operativos de las empresas distribuidoras, como administración, operación, mantenimiento, comercialización y responsabilidad ambiental.

El procedimiento contempla la contratación de una firma fiduciaria y la apertura de una cuenta en el Banco Central del Ecuador, en la cual se depositarán todos los valores recaudados por concepto de venta de energía eléctrica y alumbrado público. En caso de existir transferencias por subsidios, estos recursos también ingresarán a dicha cuenta.

La distribuidora deberá informar a la fiduciaria el detalle de los ingresos recaudados, mientras que esta se encargará de efectuar los pagos por compra, transmisión e importación de energía eléctrica. De existir saldos disponibles, el fideicomiso gestionará además el pago de obligaciones pendientes de periodos anteriores.

Se aclaró que los valores recaudados por cuenta de terceros como contribuciones al Cuerpo de Bomberos, tasas municipales u otros cobros ajenos al servicio eléctrico no formarán parte del fideicomiso. Estos montos serán entregados directamente a sus respectivos beneficiarios.

Asimismo, la fiduciaria devolverá a la EERSA los recursos correspondientes a costos operativos, proyectos de expansión, retenciones y otros ingresos, para su administración directa.

Plazos establecidos por el decreto

El Decreto Ejecutivo N.º 32 establece que las empresas distribuidoras deberán constituir el fideicomiso en un plazo máximo de 180 días contados desde la entrada en vigencia de la reforma. Además, dispone que los clientes de alto voltaje que no cuenten con sistemas de generación propia tendrán un plazo de 18 meses para implementarlos.

En el ámbito presupuestario, se informó que la notarización de la constitución del fideicomiso se realizará en 2026, con un costo aproximado de USD 2.875, incluido IVA. Los pagos anuales a la fiduciaria alcanzarán los USD 35.880, también con impuestos, lo que representa un monto total estimado de USD 38.755.

Las autoridades enfatizaron que este mecanismo busca generar confianza en los inversionistas privados, especialmente en proyectos de generación distribuida y autoabastecimiento regulados desde 2024. En ese contexto, se destacó que en la provincia de Chimborazo ya existen inversiones en marcha, como la próxima inauguración de una planta de generación de 2 megavatios. Finalmente, la EERSA reiteró que la implementación del fideicomiso tarifario permitirá garantizar la continuidad del servicio eléctrico, ordenar el flujo de pagos del sistema y fortalecer la seguridad jurídica para las inversiones energéticas, tanto públicas como privadas, en beneficio del desarrollo de la provincia y del país.

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