POLÍTICA
El próximo 16 de noviembre de 2025, Ecuador volverá a las urnas para participar en un nuevo referendo y una consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa. Este será el octavo proceso electoral en apenas cinco años, una muestra del intenso clima político que ha mantenido a los ciudadanos en permanente actividad electoral desde 2021.
La nueva convocatoria contempla dos procesos distintos. Por un lado, un referendo constitucional que busca reformar tres aspectos de la Carta Magna: reducir el número de asambleístas, eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y permitir el regreso de bases militares extranjeras. Por otro lado, se someterá a votación una consulta popular para decidir si el país convoca a una Asamblea Constituyente. En caso de que esta pregunta sea aprobada, los ecuatorianos deberán votar nuevamente en 2026: una vez para elegir a los asambleístas constituyentes y otra para aprobar la nueva Constitución que ellos redacten.
Desde 2021, los ecuatorianos han participado en siete procesos electorales, de los cuales solo tres fueron los tradicionales: las elecciones generales de 2021 y 2025 y las seccionales de 2023. El resto se ha originado por decisiones políticas, consultas y referendos impulsados por los distintos gobiernos. La continua convocatoria a las urnas ha generado fatiga entre los votantes, quienes acuden más por obligación que por entusiasmo, debido a que el voto es obligatorio y el certificado de votación resulta indispensable para cualquier trámite.
Durante el gobierno de Guillermo Lasso, también se realizaron votaciones paralelas, como la consulta sobre el Yasuní y elecciones extraordinarias, lo que implicó altos costos y campañas simultáneas. En algunos casos, los plazos de campaña fueron reducidos a 12 o 13 días, pese a la complejidad de los temas tratados. De acuerdo con estimaciones oficiales, los dos últimos procesos convocados por Noboa representan un gasto de aproximadamente 120 millones de dólares. Con esta nueva jornada electoral, los ecuatorianos habrán pasado casi 1.600 días en campaña o procesos de votación desde 2021, un reflejo del desgaste político y del desafío que enfrenta el país para alcanzar estabilidad institucional
