ECONOMÍA
Desde el 13 de septiembre de 2025, Ecuador vive un cambio económico y social trascendental: el fin del subsidio al diésel, una política vigente por más de 50 años. El Decreto Ejecutivo 126, firmado por el presidente Daniel Noboa, que elevó el precio del galón de USD 1,80 a USD 2,80, desatando un amplio debate sobre sus efectos en el transporte, la producción y el costo de vida.
El Decreto Ejecutivo 126 de Daniel Noboa eliminó un subsidio histórico; el precio del galón subió de USD 1,80 a 2,80. Mientras el Gobierno promete ahorro fiscal y compensaciones, sectores sociales anuncian resistencia.
El Gobierno sostiene que la decisión es necesaria para aliviar la presión fiscal, reducir el contrabando de combustibles hacia países vecinos y frenar la minería ilegal. Según estimaciones oficiales, la medida permitirá ahorrar más de 1.100 millones de dólares anuales.
Aunque el incremento ha generado molestia, Ecuador sigue teniendo uno de los precios más bajos de Sudamérica. De acuerdo con datos de Global Petrol Prices, el galón de diésel a USD 2,80 coloca al país por encima de Colombia, Bolivia y Venezuela, pero por debajo de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Surinam y Uruguay.
En la región, Venezuela mantiene el costo más bajo, con menos de 10 centavos por galón, seguida de Bolivia con USD 2,03. En el otro extremo, Uruguay registra USD 4,71, Perú USD 4,26, y Chile USD 3,87 por galón.
Esto ubica a Ecuador en una franja media-baja de precios, compartiendo rango con Colombia y Paraguay, a pesar de haber retirado los subsidios.
El transporte público y de carga son los primeros sectores afectados, ya que su operación depende directamente del diésel. Los gremios advierten que los costos se trasladarán al consumidor final, elevando los precios de alimentos, manufacturas y servicios.
El Gobierno anunció medidas compensatorias para mitigar el impacto. Entre ellas, bonos de entre USD 450 y 2.000 por seis meses para unidades de transporte, la compra de tractores agrícolas, el Bono Raíces para pequeños productores y un refuerzo al Bono de Desarrollo Humano.
Sin embargo, organizaciones indígenas, transportistas y trabajadores calificaron la decisión como un “paquetazo”, y algunos sectores ya han convocado movilizaciones para exigir la reversión del decreto. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lidera la protesta, mientras los transportistas de Pichincha anunciaron una paralización que finalmente fue suspendida.
Organizaciones indígenas de Imbabura y varios colectivos de derechos humanos reportaron que 22 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos en Otavalo, además de 22 detenidos, hasta el momento. Las fuerzas del orden permanecerán en la provincia de Imbabura hasta que las carreteras sean completamente habilitadas.
Un tema de calidad y transición
Según expertos, explican que uno de los factores detrás del bajo costo del diésel ecuatoriano es su menor calidad. El propio Decreto 126 establece que Petroecuador deberá reducir progresivamente el contenido de azufre en el diésel premium hasta alcanzar 50 partes por millón (norma Euro IV) en un plazo de 12 meses.
Esto implica una transición hacia un combustible más limpio y eficiente, pero también más costoso de producir. Entre el ahorro y la tensión social El reto para el Ejecutivo será mantener el equilibrio entre la estabilidad fiscal y la paz social. Si bien los ahorros esperados aliviarán las cuentas públicas, el aumento del diésel amenaza con presionar la inflación y reavivar el descontento popular, especialmente en sectores rurales y de bajos ingresos.
Mientras tanto, el país observa con cautela el desarrollo de las protestas anunciadas. En medio de la tensión, el Gobierno insiste en que su decisión apunta a un futuro más sostenible y transparente, pero la ciudadanía siente en el bolsillo el costo inmediato del cambio.
